El OCI confirmó la suspensión de los dos nuevos policías detenidos

La megacausa que investiga una red de corrupción policial vinculada al narcotráfico sumó nuevos capítulos de alto impacto tras la detención de otros dos efectivos de la fuerza provincial. En una jornada marcada por el hermetismo judicial, se confirmó que los cabos Gastón Villalba y Francisco G. fueron arrestados por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, a instancias de un pedido del fiscal Patricio Sabadini. Este avance en la investigación, que se originó en diciembre pasado por la apropiación indebida de cargamentos de droga destinados a la incineración, pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento interno de la institución y la efectividad de los controles institucionales.

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En diálogo con N9, el director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, detalló las medidas inmediatas que se tomaron desde la esfera administrativa tras confirmarse las detenciones. "Las directivas fueron claras de vincularlos al sumario que ya está en trámite y disponer su suspensión con retención de haberes", explicó el funcionario, subrayando que la postura del Ministerio de Seguridad frente a estos hechos es de absoluta firmeza. Según Urturi, la institución no permitirá zonas grises en la conducta de sus agentes, remarcando que "no hay lugar para aquellos que se apartan de la ley" y que el proceso administrativo avanzará en paralelo a la causa penal que se tramita en el fuero federal.

Respecto al perfil de los involucrados, el titular del OCI precisó que se trata de personal con una corta carrera dentro de la fuerza, con menos de ocho años de antigüedad. Uno de los cabos desempeñaba funciones en la Dirección de Transporte, dependiente del Departamento de Logística, mientras que el otro prestaba servicio en un área de Inteligencia en la localidad de La Leonesa. A pesar de que estos efectivos no habrían participado directamente de los operativos de quema de droga, el entrecruzamiento telefónico y los peritajes realizados a dispositivos secuestrados habrían arrojado elementos suficientes para ligarlos a la organización delictiva que comercializaba los estupefacientes sustraídos.

La gravedad de la situación ha generado un profundo malestar en la cúpula policial, aunque Urturi insistió en que estas purgas son necesarias para sanear la institución. Durante la entrevista, el director fue contundente al definir la política de la gestión actual: "Acá es blanco y negro, los policías tienen el deber y la función de hacer cumplir la ley". Asimismo, advirtió que la responsabilidad disciplinaria podría derivar en la sanción más severa prevista en el estatuto, ya que "claramente las imputaciones hacia las que apuntan esta causa van direccionadas hacia una eventual cesantía", lo que implicaría la pérdida definitiva del empleo para los uniformados que hoy se encuentran alojados en dependencias de la Policía Federal.

Para la jornada de este viernes se espera la audiencia de formalización de imputación, donde el fiscal Sabadini presentará las pruebas recolectadas ante el Juzgado de Garantías Federal. Se prevé que la fiscalía solicite la prisión preventiva para ambos suboficiales, fundamentada en el riesgo de entorpecimiento de una investigación que todavía mantiene varias líneas abiertas. El OCI se encuentra en permanente colaboración con la justicia federal para acceder a las fojas del expediente, con el objetivo de "que lo más rápido posible se dilucide" la responsabilidad de cada integrante en esta trama de "mejicaneo" de estupefacientes que ha salpicado a diversas áreas operativas de la policía chaqueña.

Finalmente, Urturi calificó el hallazgo de más efectivos implicados —ya son nueve en total— como una "noticia triste para la policía", pero necesaria para sentar un precedente interno. El mensaje hacia el resto de la fuerza es inequívoco: "Tolerancia cero para aquellos policías delincuentes". Mientras se analiza el contenido de nuevas máquinas y dispositivos de almacenamiento secuestrados en los últimos allanamientos, el Gobierno provincial ratifica que el proceso de autodepuración continuará sin excepciones, buscando restaurar la confianza de la ciudadanía en aquellos que tienen la misión constitucional de defenderla.