Transporte urbano en crisis: "Muchos pierden su trabajo o estudio"
En diálogo con N9, Mercedes Franco Laprovitta, concejal de la ciudad de Corrientes, brindó detalles sobre el pedido de informe rechazado y alertó sobre las consecuencias legales de la falta de un nuevo pliego.
La ciudad de Corrientes se encamina hacia una semana determinante y cargada de tensión política respecto al transporte urbano de pasajeros. Con el vencimiento del contrato de concesión previsto para este 19 de mayo, el Concejo Deliberante se convirtió en el escenario de fuertes reclamos ante la ausencia de un marco regulatorio claro que garantice la continuidad de los colectivos. En este contexto de precariedad, en diálogo con N9, la concejal Mercedes Franco Laprovitta manifestó su profunda inquietud por el silencio del Ejecutivo Municipal y la falta de respuestas a los pedidos de informes presentados por el cuerpo legislativo.
La situación es crítica no solo en términos administrativos, sino fundamentalmente para los vecinos que dependen diariamente de las unidades para movilizarse. La edil remarcó que, a pesar de que la ordenanza vigente data de 2016 y los plazos eran conocidos por todos los actores involucrados, no existe hoy una comunicación oficial que brinde certezas. "Va a haber un bache jurídico y legal", sentenció la funcionaria, haciendo referencia a la acefalía que se producirá si no se establece una prórroga formal o una nueva adjudicación bajo los parámetros que exige la normativa local.
Durante la entrevista con este medio, Franco Laprovitta subrayó la importancia de la transparencia en la gestión de un servicio esencial que atraviesa su peor momento. "Hemos solicitado que conversen con nosotros y nos cuenten la situación", explicó, haciendo hincapié en que la responsabilidad de elaborar un nuevo pliego o extender la concesión actual recae exclusivamente en la intendencia. Para la concejal, el incumplimiento de las normativas vigentes debilita la institucionalidad: "Tenemos que velar por el cumplimiento de las ordenanzas", afirmó de manera tajante ante el micrófono de N9.
El impacto directo de esta desidia administrativa golpea directamente en la calidad de vida de los correntinos, quienes ya sufren las consecuencias de una emergencia en el transporte que no ha dado resultados positivos. Según el análisis de la legisladora, la reducción de frecuencias y el estado de las unidades están provocando un daño social irreparable, donde "muchos pierden su trabajo o estudio por no tener transporte" de manera segura y constante. La falta de unidades en la calle y el elevado costo del pasaje completan un cuadro de situación que margina a los sectores más vulnerables de la periferia.
Uno de los puntos más sensibles abordados durante el móvil en vivo fue la desprotección del usuario frente al sistema de pago anticipado. Con la tarjeta SUBE, los pasajeros cargan crédito para viajes que, ante una posible interrupción del servicio por falta de contrato, quedarían en un limbo financiero. Al respecto, la entrevistada fue clara al señalar que "me preocupa que el usuario tenga incertidumbre" sobre si podrá viajar al día siguiente, especialmente en un contexto económico donde cada peso invertido en movilidad representa un esfuerzo significativo para el bolsillo familiar.
Finalmente, el debate se centra en la falta de previsión de una gestión que, con diez años de margen para analizar el vencimiento, ha llegado a la fecha límite sin definiciones concretas. "No tenemos información clara", concluyó Franco Laprovitta, reiterando que la falta de papeles y documentos oficiales convierte cualquier anuncio en simples trascendidos mediáticos. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda una resolución que impida que el transporte público en Corrientes caiga en un parate total por negligencia institucional.
