Anticipos y cancelación de deuda: la estrategia del Chaco para aliviar el panorama financiero
Mediante el Decreto 219/2026, el Gobierno Nacional dispuso otorgar un anticipo financiero a un conjunto de doce provincias, entre ellas Chaco. Este anticipo se instrumenta como un adelanto de coparticipación que deberá ser devuelto dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, durante el año en curso.

El uso de anticipos financieros de coparticipación a provincias es un mecanismo utilizado a lo largo de los años como solución de corto plazo ante dificultades financieras transitorias en las cajas provinciales. En 2026, su implementación se explica principalmente por tres factores: una caída de los fondos por coparticipación federal del 6,4% en el primer trimestre del año, lo que implicó una pérdida de $ 1,1 billones para el conjunto de las jurisdicciones subnacionales; una baja del 59,1% en las transferencias nacionales no automáticas, que generó una merma cercana a $ 410 mil millones; y un descenso en torno al 3% de la recaudación de impuestos provinciales.
El mecanismo del anticipo financiero es simple: la Nación otorga hoy a las provincias un adelanto de los recursos que percibirían más adelante por coparticipación. Por ello, esos fondos deben ser devueltos a una tasa de interés del 15% anual, aproximadamente la mitad de lo que pagarían las provincias si tomaran crédito en el mercado. El destino de estos fondos depende de la situación particular de cada jurisdicción.


En este marco, la provincia del Chaco firmó el pasado 7 de abril el convenio correspondiente para acceder a este financiamiento. La Nación adelantará a la provincia un total de $ 350 mil millones, que se desembolsarán en tres tramos: el primero, por $ 214 mil millones, el 9 de abril; el segundo, por $ 84 mil millones, el 5 de mayo; y el tercero, por los $ 52 mil millones restantes, el 3 de junio.
La devolución se realizará en cuatro cuotas, a partir de agosto, mientras que los intereses devengados se abonarán en diciembre, una vez cancelado el capital.
Respecto al destino de los fondos, el ministro Abraam había anticipado que se utilizarían para aliviar el peso de la deuda provincial, aunque sin mayores precisiones en ese momento. Sin embargo, posteriormente se conoció una medida clave: mediante la Resolución 108/26 de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno provincial suspendió el Programa de Letras de Tesorería 2026. De este modo, la provincia afrontará los vencimientos de las clases vigentes cancelando en efectivo la totalidad de sus obligaciones, sin recurrir a nuevas emisiones.
Esta decisión responde a la dinámica que había adquirido este instrumento. Las Letras de Tesorería funcionaban como una herramienta de financiamiento de corto plazo, pero con el tiempo generaron una elevada carga de intereses y amortizaciones. En la práctica, la provincia recurría mensualmente a nuevas colocaciones para cancelar vencimientos previos. Con los fondos adelantados por la Nación, el Chaco decidió interrumpir este esquema y cancelar la totalidad del stock en circulación. Al 9 de abril, dicho stock ascendía a $ 139.991 millones de capital y, incluyendo intereses, alcanzaba aproximadamente $ 158.232 millones.
La cancelación de estos pasivos constituye una mejora relevante para las finanzas provinciales, en tanto reduce significativamente la presión de la deuda de corto plazo, que obligaba mes a mes a buscar alternativas de financiamiento.
En paralelo, también se dejó entrever que parte de los fondos se destinaría al pago de la cuota del bono internacional con vencimiento en agosto. En ese caso, el monto a cancelar asciende a USD 34 millones que, convertidos a pesos según la estimación del tipo de cambio del REM del BCRA para ese período, equivalen a casi $ 51 mil millones.
De este modo, el Chaco podrá cancelar deuda por un total inicial cercano a $ 210 mil millones gracias a este anticipo, con una característica central: sustituye deuda cara (con tasas superiores al 32% en el caso de las Letras) por deuda más barata (15%). Si bien esta estrategia no resuelve de manera estructural la situación financiera, sí permite aliviar de forma significativa el horizonte de corto plazo de la caja provincial.
También este esquema permitiría prescindir, inicialmente, de los adelantos de coparticipación intrames; esto es, que se devolvían en el mismo mes de otorgamiento. Esto generaría un nuevo manto de certidumbre respecto al manejo de los pasivos de corto plazo, que nuevamente significarían un alivio temporal y podrían darle a la provincia mayor margen de maniobra en el manejo presupuestario.













