El STJ ordenó trasladar a la "Barbi" a una cárcel femenina

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó el traslado inmediato de Luz Mía Bárbara Di Battista, conocida como "la Barbi", a una cárcel de mujeres. La mujer trans de 48 años, con identidad de género reconocida en su DNI, permanecía alojada en el Pabellón 19 del Complejo Penitenciario 1 de Resistencia, un sector destinado exclusivamente a hombres.

La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Víctor del Río e Isabel Grillo, hizo lugar a un recurso de casación de la Defensa Pública y anuló un fallo previo de la jueza de Cámara Vanesa Fonteina, que había rechazado el hábeas corpus argumentando que el traslado estaba en trámite.

Di Battista tiene un extenso prontuario que la vincula a robos a joyerías en Chaco, Corrientes, Salta, Jujuy e incluso en Bolivia y Paraguay, con un modus operandi que incluía ingresos nocturnos y anulación de sistemas de seguridad. En 2019 fue condenada por un asalto a una joyería de Goya y se convirtió en la primera mujer trans alojada en una unidad penal femenina de Corrientes. 

Actualmente está imputada por el robo millonario a una joyería de calle Brown al 90 en Resistencia, ocurrido en mayo de 2024. También protagonizó al menos dos fugas: en noviembre de 2024 escapó de la Comisaría Primera Metropolitana pidiendo ir al baño y cortando un candado, y llegó hasta Paraguay, donde fue recapturada días después cuando asistió a ver a Racing en la final de la Copa Sudamericana. En diciembre de 2025 volvió a evadirse, esta vez de la Alcaidía de Barberán, tras violentar una reja trasera. 

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, había declarado públicamente que la detenida era un hombre y debía permanecer en una cárcel de hombres. La Defensa Pública calificó esos dichos como una práctica de violencia simbólica y sostuvo que el Estado no puede ampararse en la falta de infraestructura para incumplir la Ley Nacional de Identidad de Género ni desoír órdenes judiciales previas. La sentencia del STJ obliga al Servicio Penitenciario a acondicionar un sector adecuado para la interna, ya sea en la Unidad 8 o en la Unidad 1.

Durante el proceso, la defensa documentó graves vulneraciones a la integridad de Di Battista. Antes de su última fuga, la detenida había iniciado una huelga de hambre y llegó a coserse la boca exigiendo ser trasladada a un centro de detención femenino.

Según consta en el expediente, denunció requisas invasivas por personal masculino que la humilló con términos discriminatorios, y relató un episodio en el que un celador le exigió que exhiba su cuerpo mientras la apuntaba con el arma reglamentaria. Al no poder convivir con la población general masculina, permanecía bajo un régimen de aislamiento que superaba las 22 horas diarias y no podía recibir visitas de su hija.

El fallo del STJ también cuestiona la demora de la propia jueza Dolly Fernández, a quien se le pidió que tome recaudos para evitar dilaciones como las registradas en este caso: tardó 34 días en resolver un recurso que requería respuesta urgente. A su vez, el tribunal ordenó dar intervención a la Procuración General para que investigue posibles delitos de vejaciones por parte del personal penitenciario, y dispuso la participación de la Subsecretaría de Género y el Comité para la Prevención de la Tortura en el seguimiento del caso.