Barrio Universitario en suspenso por desalojo: "No son usurpadores, son legítimos propietarios"

La tranquilidad del Barrio Universitario en la capital correntina se vio alterada nuevamente por la reactivación de un conflicto de tierras que data de hace casi veinte años. Un total de 40 familias se encuentran en un estado de alerta máxima ante una orden de desalojo que, si bien quedó en suspenso por la presentación de un recurso extraordinario federal, representa una amenaza inminente para su derecho a la vivienda. En diálogo con N9, el abogado Marcos Daniel Monferrer, quien asumió recientemente la representación de los vecinos, explicó que el proceso judicial ha tomado giros llamativos que contradicen lo resuelto inicialmente en instancias anteriores.

La génesis del conflicto se remonta a una operación inmobiliaria de la década del 80, cuando un hombre de apellido Bernasconi vendió un predio de 17.000 metros cuadrados a un comprador de apellido Montero. Según detalló la defensa técnica, "este desalojo se inició en el año 2008", motorizado por los herederos del vendedor original, quienes alegan que la transacción nunca fue formalizada mediante escritura pública. Sin embargo, los actuales ocupantes sostienen que adquirieron las parcelas de buena fe a Montero y cuentan con documentación que acredita su posesión legítima desde hace décadas. "No son usurpadores, son legítimos propietarios", enfatizó Monferrer durante la cobertura del móvil en vivo.

La situación procesal actual genera desconcierto en la comunidad jurídica local, ya que el caso contaba con sentencia favorable en primera y segunda instancia, donde se había hecho lugar al derecho de posesión de los vecinos. No obstante, tras un recurso interpuesto por la parte demandante, el Superior Tribunal de Justicia decidió revertir lo actuado y fallar a favor del desalojo. "Sorpresivamente y llamativamente el Superior Tribunal desoye las dos sentencias anteriores que eran favorables", denunció el letrado, vinculando esta decisión a un expediente penal por supuesta falsificación que nunca llegó a una condena firme.

El impacto emocional en las familias es devastador, ya que muchos han invertido los ahorros de toda su vida en construir sus hogares en estos terrenos. Durante la entrevista realizada por el equipo de N9, los damnificados expresaron el agotamiento que significa vivir en un limbo legal constante. Uno de los vecinos afectados manifestó con crudeza la realidad que atraviesan: "No dormís, directamente no dormís; yo creo firmemente en la justicia, pero que te digan que mañana te golpean la puerta y tenés que juntar tus cosas e irte, no se entiende". La incertidumbre se agrava por la falta de notificaciones claras durante gran parte del proceso que se arrastra desde 2008.

Ante este escenario crítico, la estrategia de la defensa se centra ahora en la admisibilidad del recurso federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome intervención directa en la causa. "Hemos interpuesto un recurso extraordinario para que la Corte dicte una nueva sentencia", confirmó Monferrer, quien trabaja junto a los doctores Arturo Goñalón y Verónica Vargas en esta presentación clave. El objetivo es frenar cualquier intento de ejecución forzosa hasta que el máximo tribunal del país analice si se han vulnerado derechos constitucionales básicos de los adquirentes, quienes se consideran víctimas de una estafa procesal.

Mientras la Justicia define los próximos pasos, el clima en el Barrio Universitario es de tensa espera. Los vecinos han exhibido títulos y boletos de compra-venta donde figuran como poseedores legítimos, documentos que el móvil de N9 pudo constatar en el lugar de los hechos. La comunidad no descarta profundizar las medidas de visibilización ante la sospecha de influencias externas que podrían estar inclinando la balanza judicial. Por el momento, el destino de estas 40 familias pende de un hilo jurídico, aguardando que el Superior Tribunal de Justicia habilite finalmente el camino hacia la instancia federal para evitar lo que consideran un despojo injustificado.