El juez rechazó desestimar los cargos contra Maduro por narcotráfico

En el marco de la segunda audiencia celebrada este jueves en el tribunal federal de Manhattan, el juez Alvin Hellerstein rechazó el pedido de la defensa para desestimar los cargos penales contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El magistrado ratificó la vigencia del proceso por delitos relacionados con el narcotráfico, conspiración para el narcoterrorismo y posesión de armas de guerra, asegurando que la causa seguirá su curso a pesar de los argumentos presentados por los abogados de la pareja.

Durante la comparecencia, Maduro fue visto con el uniforme reglamentario del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde hace más de 80 días tras su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. El eje central de la disputa legal radica ahora en la financiación de la defensa: los abogados sostienen que las sanciones de la OFAC impiden el acceso a fondos para sufragar honorarios, lo que vulneraría el derecho constitucional de los acusados a elegir su representación letrada.

Por su parte, la Fiscalía de los Estados Unidos argumentó que permitir el uso de activos del Estado venezolano para este fin socavaría la política exterior y de seguridad nacional. Aunque el juez Hellerstein se mostró escéptico ante la idea de que Maduro represente una amenaza actual estando bajo custodia, fue tajante al negar la desestimación del caso, calificando tal medida como "demasiado seria". Asimismo, la defensa de Flores solicitó asistencia médica para la acusada, alegando la necesidad de realizar un electrocardiograma por problemas de salud.

En las afueras de la corte, se registraron manifestaciones cruzadas entre grupos que exigen justicia por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y militantes que denuncian la ilegalidad del arresto. El proceso, considerado uno de los juicios internacionales más complejos de la historia reciente, no tiene aún una fecha definida para el inicio del debate oral. Expertos legales estiman que, debido a la magnitud de las pruebas y la complejidad técnica de la acusación, el juicio formal podría demorarse entre uno y dos años.