Conflicto por el Lote 88: más de 600 familias se movilizaron en reclamo de sus tierras

En una jornada marcada por la tensión y el reclamo social, más de 600 familias del Lote 88 en la localidad de Miraflores protagonizaron una multitudinaria movilización por las calles céntricas del pueblo. El conflicto se originó a raíz de una sentencia judicial que establece como fecha límite el próximo 31 de marzo para que la provincia proceda a la escrituración de dichas tierras a nombre de una asociación comunitaria, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la estabilidad habitacional de quienes residen allí hace más de 30 años.

Los manifestantes sostienen que adquirieron sus terrenos de buena fe a través de boletos de compraventa certificados por escribanos públicos o jueces de paz, contando en muchos casos con registros en el municipio local. Durante la marcha, que recorrió la avenida principal bajo custodia de la Policía del Chaco, los vecinos expresaron su angustia ante la posibilidad de futuros desalojos, argumentando que han construido sus hogares, comercios y medios de vida con esfuerzo y sacrificio legítimo a lo largo de tres décadas.

Ante la escalada del conflicto, el ministro de Gobierno de la provincia, Julio Ferro, intervino para llevar tranquilidad a la población. El funcionario aseguró que, en el corto plazo, no habrá desalojos y que el Poder Ejecutivo mantendrá bajo resguardo a las familias afectadas mientras se busca una salida política y jurídica que contemple los derechos de todas las partes involucradas. No obstante, los vecinos insisten en que la solución definitiva debe provenir de una respuesta política urgente por parte del gobernador del Chaco.

La situación en el Lote 88 pone de manifiesto un problema estructural de titularidad de tierras en la región de El Impenetrable, donde colisionan derechos de comunidades originarias con los de familias que poseen documentación civil de compra. Mientras el plazo judicial del 31 de marzo se avecina, la comunidad de Miraflores permanece en estado de alerta, exigiendo la intervención conjunta del Poder Legislativo y el Judicial para evitar un impacto social sin precedentes en la localidad.