Estévez amplió la demanda y actualizó el perjuicio económico en más de $179 millones

El escándalo judicial que atraviesa la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo capítulo con la ampliación de demanda presentada por José Eduardo Estévez en la causa que impulsa contra la entidad bursátil y Caja de Valores S.A. En esa presentación, incorporada en el expediente sumarísimo que se tramita en la Justicia provincial, el inversor actualizó el perjuicio económico que denuncia y acompañó nueva prueba documental para sostener que el daño patrimonial se agravó en las últimas semanas.

Según surge del escrito, la cartera de Estévez tenía a diciembre de 2025 un valor total de $598.366.276. A partir de los nuevos movimientos relevados hasta marzo de 2026, la demanda sostiene que una parte sustancial de esos fondos quedó afectada a instrumentos vinculados a la operatoria cuestionada. El punto más sensible de la ampliación pasa por la incorporación de constancias sobre nuevos cheques rechazados, que se suman a los ya denunciados con anterioridad.

De acuerdo con la actualización presentada por la parte actora, los cheques rechazados vinculados al librador Rubén Médula ascienden ahora a $179.400.000. Ese monto surge de una primera tanda de rechazos por $115 millones y una segunda por $64,4 millones, que la demanda ya considera como capital perdido por incobrabilidad. A eso se agrega otro bloque de $222.600.000 en cheques aún no rechazados, pero que seguirían expuestos al mismo riesgo, lo que lleva el capital comprometido dentro de esa operatoria a $402 millones.

La ampliación también cuestiona la existencia de una caución bursátil vigente por $70.401.180. Según la presentación, esa caución habría sido tomada de manera unilateral con activos de la propia cuenta del inversor y sin su consentimiento, con el objetivo de sostener operaciones vinculadas a esos instrumentos. Para la demanda, esa maniobra no solo habría profundizado el perjuicio sino que además impide hoy liberar y migrar con normalidad otros activos de la cartera que, en principio, no estarían directamente ligados a la operatoria observada.

En ese marco, el escrito remarca que existen $196.366.276 no vinculados directamente a NOGA, pero cuya disponibilidad efectiva estaría condicionada por esa caución. Es decir, aun sobre el tramo del patrimonio que no aparece alcanzado por los cheques rechazados, la parte actora afirma que no puede recuperar libremente esos fondos sin antes cancelar esa obligación. La presentación busca así demostrar ante la jueza que el daño denunciado no se limita a las pérdidas ya materializadas, sino que todavía existe un impacto patrimonial en desarrollo.

La causa de Estévez se incorpora así a una seguidilla de frentes judiciales que complican a la BCCH, en paralelo con la investigación federal que analiza presuntas irregularidades en la administración de fondos de inversores, cambios de perfiles de riesgo sin autorización y operaciones vinculadas a cheques sin respaldo. En este nuevo avance judicial, la ampliación de demanda pone cifras actualizadas sobre la mesa y refuerza una de las hipótesis centrales del caso: que parte de los fondos invertidos habría quedado atrapada en una estructura financiera de alto riesgo, con consecuencias millonarias para los damnificados.