"Apelan a mentiras sin fundamento": respondió el fiscal Collado al hábeas corpus en su contra

El fiscal de Investigación Penal N° 1 (provisorio) de Presidencia Roque Sáenz Peña, César Luis Collado, rompió el silencio y respondió formalmente al hábeas corpus preventivo que dos abogados del foro local presentaron en su contra ante la Fiscalía Penal N° 3 del Dr. Marcelo Soto, que se encontraba de turno el 13 de marzo de 2026.

En un escrito dirigido a la opinión pública y a las autoridades judiciales, Collado calificó la presentación como "una jugada telepática y futurista" destinada a "adelantarse a los hechos" y a limitar la acción del Ministerio Público Fiscal, cuya misión —subrayó— es investigar delitos.

Según el documento firmado por el fiscal, la controversia se origina el 2 de marzo de 2026, cuando abrió de oficio una investigación penal tras recibir elementos de prueba —un pendrive incorporado como denuncia— que, a su criterio, podrían configurar delitos de acción pública perseguibles de oficio, entre ellos abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal Argentino) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 CPA).

Los abogados denunciantes, identificados por Collado como los doctores Olivieri y Pugacz, presentaron el recurso de hábeas corpus preventivo invocando presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte del fiscal. En paralelo, según relató Collado, lo habrían denunciado también ante el Consejo de la Magistratura.

En su descargo, Collado fue enfático: "Proceden a denunciar a este fiscal adelantándose a los hechos y tratando de limitar la acción del Ministerio Público Fiscal", sostuvo. También afirmó que los abogados aducen que "se trata de una persecución por venganza" y que "sienten amenazada su libertad", alegando una supuesta enemistad previa vinculada a la denuncia que ellos mismos habrían formulado ante el Consejo de la Magistratura.

El fiscal cuestionó la lógica del recurso: "Nadie presenta un hábeas corpus preventivo si no piensa que hay una investigación que lo puede involucrar", una lectura que también había adelantado el abogado Daniel Ávila en declaraciones al medio Diario Chaco. Ávila fue más allá al señalar que quien presenta este tipo de recursos lo hace porque intuye que la pesquisa "puede llegar a determinar la comisión de ciertos actos non santos".

En relación con el contenido del pendrive secuestrado —que según Collado permanece en la caja fuerte de la fiscalía sin haber sido aún analizado—, el fiscal planteó: "¿Qué contiene ese pendrive que los tiene tan preocupados de perder la libertad?". En ese sentido, recordó que la investigación se encuentra en etapa de avocamiento y toma de conocimiento, por lo que a la fecha del 14 de marzo de 2026 los abogados mencionados "no están en la causa ni imputados, ni sospechados".

Collado también recordó la existencia del instituto procesal de mantenimiento de libertad previsto en el Código de Procedimiento Penal, que opera como remedio ante detenciones que los involucrados podrían considerar arbitrarias, sugiriendo que los abogados disponían de otras herramientas legales antes de recurrir al hábeas corpus.

Por su parte, el abogado Daniel Ávila aportó contexto sobre la causa de fondo. Explicó que la denuncia que cayó en la Fiscalía de Collado refiere al accionar de un estudio jurídico que presuntamente "recusa sistemáticamente a la jueza Civil y Comercial N° 2 para litigar exclusivamente y excluyentemente en el Juzgado Civil y Comercial N° 1". Ávila señaló que existen "70 expedientes gravísimos donde hay damnificados, bienes, inmuebles, maquinarias agrícolas y mucho dinero en juego", y denunció "inacción del Poder Judicial" tanto de los tribunales de alzada de Sáenz Peña como del Superior Tribunal de Justicia.

Sobre la presentación de Collado ante el juez Rodolfo Gustavo Lineras, titular de la Cámara Primera en lo Criminal, Ávila indicó que el fiscal acudió "para aclarar la situación" y que manifestó haberse abocado a la denuncia, aunque todavía no la conocía in extenso. Además, agregó que Collado habría propuesto al juez revisar el contenido del pendrive de manera conjunta, "como un gesto de transparencia".

El fiscal cerró su escrito con una dura acusación hacia los abogados denunciantes, a quienes describió como personas que "apelan a mentiras y denuncias sin fundamentos para ensuciar y embarrar a personas honestas por no ser funcionales a estos personajes".

El caso expone una disputa que excede el ámbito estrictamente judicial y pone en tensión las garantías constitucionales, el rol investigativo de los fiscales y las dinámicas internas del foro de Sáenz Peña. Resta conocer el contenido del pendrive y la resolución del juez Lineras sobre el hábeas corpus, elementos que podrían definir el rumbo de esta controversia.