Escándalo en la Bolsa: "no se pueden cambiar cheques de una empresa en quiebra"

En medio de la investigación judicial por los fondos municipales de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Dr. Víctor Ruiz Díaz se refirió al reciente depósito realizado por la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) en la cuenta judicial ordenada por el magistrado interviniente. En diálogo con N9, el abogado cuestionó la versión pública de la entidad respecto a que el depósito se habría efectuado antes de recibir formalmente el oficio judicial.

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"Si usted se presentó antes de recibir el oficio, ¿en qué cuenta fue a depositar el dinero?", planteó, al poner en duda esa afirmación. Según explicó, para concretar una transferencia de esas características es necesario conocer con precisión la cuenta judicial habilitada, lo que —a su criterio— implicaría haber tenido acceso previo a la orden. "Yo pongo en duda que no hayan recibido el oficio", sostuvo.

Ruiz Díaz también se refirió al planteo de incompetencia formulado contra el juez que dictó la medida cautelar. "No es incompetente", afirmó, al explicar que en el sistema argentino rige el control constitucional difuso, lo que habilita a cualquier magistrado a intervenir cuando se invocan derechos constitucionales. En ese marco, defendió tanto la acción de amparo como el embargo preventivo dispuesto por el tribunal.

Consultado sobre la situación del gerente de la institución, quien solicitó mantener su libertad mientras avanza la causa, el abogado recordó que en el país rige la presunción de inocencia. "Todo el mundo se manifiesta inocente y existe una presunción legal a favor de todo imputado", indicó, aunque aclaró que será la prueba incorporada al expediente la que determine eventuales responsabilidades.

En otro tramo de la entrevista, el letrado advirtió sobre el impacto que el caso puede generar en el conjunto del sistema financiero regional. "El principal daño es el reputacional", señaló, y comparó la situación con antecedentes nacionales donde la pérdida de confianza afectó no solo a una empresa puntual sino al mercado en general. A su entender, el monto involucrado —cercano a los 2.000 millones de pesos según la cautelar— no es menor y puede generar desconfianza en otros agentes del sector.

Finalmente, Ruiz Díaz anticipó que presentará un nuevo escrito judicial en el que planteará distintas hipótesis de responsabilidad, divididas en tres bloques: la empresa involucrada, el municipio y la propia Bolsa hacia su interior. En ese sentido, cuestionó la existencia de mecanismos de control interno, al señalar que —según su conocimiento— no habría un área formal de gestión de riesgos. Con el dinero depositado, la apelación en curso y nuevas presentaciones en preparación, el conflicto entra en una etapa decisiva para la institución y para el mercado de capitales de la región.