La Corte Suprema anuló los aranceles globales de Trump con fallo 6 a 3
El máximo tribunal determinó que el Presidente no puede imponer impuestos sin aval del Congreso. La decisión impacta sobre los gravámenes "recíprocos" aplicados a casi todos los países. El fallo no impide que el Ejecutivo utilice otras leyes, aunque con mayores límites.

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto los amplios aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, al considerar que excedían las facultades del Poder Ejecutivo. El fallo, adoptado por seis votos contra tres, representa un revés relevante para la estrategia económica del mandatario republicano y marca un límite institucional en materia tributaria.
La mayoría del tribunal concluyó que la Constitución reserva al Congreso la potestad de establecer impuestos, incluidos los aranceles a las importaciones. El pronunciamiento se centró en los gravámenes denominados "recíprocos", que habían sido aplicados a casi todos los países bajo una ley de poderes de emergencia. Según los jueces que votaron a favor de anularlos, esa norma no habilita al presidente a crear tributos sin intervención legislativa.


El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo en la opinión mayoritaria que el texto constitucional asigna de manera clara el poder tributario al Congreso. En disidencia votaron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes consideraron que la ley invocada por la administración permitía la aplicación de esos aranceles.
La Casa Blanca había defendido su postura apoyándose en una legislación de 1977 que autoriza al presidente a regular importaciones en contextos de emergencia nacional. Aunque esa norma fue utilizada en numerosas ocasiones para imponer sanciones económicas, esta fue la primera vez que se aplicó para establecer impuestos generales a las importaciones. Trump justificó la medida como respuesta a los déficits comerciales y a situaciones vinculadas al narcotráfico.
Tras la implementación de los aranceles en abril de 2025, se presentaron múltiples demandas judiciales. Entre los demandantes hubo una docena de estados con gobiernos demócratas y empresas de distintos rubros, desde artículos de plomería hasta indumentaria deportiva y juguetes educativos. Los cuestionamientos señalaron que la ley de emergencia no menciona expresamente la facultad de fijar tributos y que su uso no superaba los estándares legales exigidos por precedentes recientes.
El impacto económico de la política arancelaria fue significativo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los aranceles podrían generar efectos por aproximadamente 3 billones de dólares en la próxima década. De acuerdo con datos oficiales, el Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares por esos impuestos hasta diciembre. Varias compañías ya iniciaron acciones para reclamar reembolsos.
El fallo no bloquea por completo la posibilidad de que el Ejecutivo imponga nuevos aranceles, aunque establece que deberá hacerlo bajo marcos legales más acotados y con mayores controles. La resolución se produce en un contexto en el que la Corte había respaldado a la administración en otras disputas vinculadas al alcance del poder presidencial.
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