El Congreso evalua destituir a José Jeri por tráfico de influencias a dos meses de las elecciones

A dos meses de las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril, el presidente encargado del Perú, José Jeri, quedó al borde de la destitución. El Congreso analiza un pedido para removerlo del cargo por presunto tráfico de influencias, en un contexto marcado por escándalos y disputas internas dentro de la derecha, que domina el Parlamento.

Jeri asumió el 10 de octubre pasado en reemplazo de Dina Boluarte, quien a su vez había llegado al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su mandato debía extenderse hasta el 28 de julio, cuando corresponde el traspaso presidencial. Sin embargo, la inestabilidad política volvió a instalarse en el país andino, que acumula múltiples cambios de jefe de Estado en menos de una década.

La Fiscalía abrió una investigación en su contra luego de que trascendiera que mantuvo reuniones con empresarios chinos vinculados a contratos con el Estado. Uno de esos encuentros habría tenido lugar el 26 de diciembre en un restaurante de Lima. Según registros de cámaras de seguridad, el mandatario habría asistido con el rostro cubierto. También se conocieron cuestionamientos por presuntas contrataciones en la administración pública vinculadas a personas que habrían participado de actividades privadas en la sede gubernamental. El presidente negó las acusaciones.

El caso se desarrolló en medio de una interna entre los principales espacios conservadores. Renovación Popular, liderado por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, y Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, disputan el liderazgo del sector de cara a los comicios. Ambos partidos figuran al tope de los sondeos y buscan diferenciarse en plena campaña.

La mayoría parlamentaria que en su momento respaldó la llegada de Jeri ahora evalúa el mecanismo para removerlo. El debate se centró en si corresponde aplicar una vacancia presidencial, que exige el voto de dos tercios de los legisladores, o una censura, que requiere mayoría simple si se lo considera en su condición de titular del Congreso con funciones ejecutivas.

En paralelo, comenzó a discutirse quién podría asumir en caso de que prospere la destitución o se concrete una eventual renuncia. Entre los nombres mencionados figura Maricarmen Alva, dirigente de perfil conservador que ya presidió el Congreso en 2021 y que tuvo un rol destacado en la oposición al gobierno de Castillo. Su eventual designación podría generar resistencias en sectores progresistas, en un escenario que vuelve a exponer la fragilidad institucional del país a semanas de una nueva elección presidencial.