Procesaron a Diego Spagnuolo por el escándalo de coimas en la ANDIS
El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exfuncionario y de otros 18 acusados
La Justicia federal procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de coimas y corrupción en las prestaciones del organismo. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó un embargo superior a los 200 mil millones de pesos, aunque sin dictar prisión preventiva.
Spagnuolo fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y asociación ilícita, todos en concurso ideal. Según el fallo, habría actuado como uno de los principales responsables de una estructura destinada a obtener beneficios económicos mediante el manejo irregular de la ANDIS.
El procesamiento también alcanza a otras 18 personas, entre ellas exfuncionarios del organismo y empresarios vinculados al sector privado. Entre los acusados figuran Diego Garbellini, ex número dos de la Agencia, y Miguel Ángel Calvete, además de otros implicados que habrían cumplido distintos roles dentro de la operatoria investigada.
En su resolución, el juez Casanello sostuvo que la investigación permitió reconstruir "un entramado de corrupción institucional" con participación coordinada de funcionarios y operadores externos. En ese sentido, afirmó que la ANDIS fue utilizada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos, desvirtuando su finalidad pública.
El magistrado remarcó además que la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los integrantes de la presunta organización, en claro perjuicio de las personas en situación de discapacidad, que debían ser las principales destinatarias de las políticas públicas del organismo.
La causa se inició en agosto del año pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en investigaciones periodísticas y en la difusión de audios que mencionaban presuntas maniobras de corrupción. Si bien esos registros no fueron incorporados como prueba por su posible origen ilícito, el juez dejó abierta la posibilidad de que la investigación avance hacia nuevas responsabilidades y niveles de complicidad.
