Más de 4 mil chicos estuvieron en conflicto con la ley penal en Argentina durante 2024
Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que más de 4 mil niños y adolescentes estuvieron vinculados al sistema penal juvenil en 2024. La mayoría recibió medidas no privativas de la libertad, pero el relevamiento expone la presencia de menores de 16 años en dispositivos de encierro y se conoce en medio del debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad.

Más de 4.100 niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal en la Argentina durante 2024, según el último informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que releva la situación del sistema penal juvenil en todo el país.
De acuerdo al informe, al 31 de diciembre de 2024 se registraron 4.119 menores incluidos en el ámbito penal juvenil: 3.249 bajo medidas penales en territorio, 865 alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro con prisión domiciliaria y un caso sin información precisa sobre la modalidad aplicada.


El relevamiento indica que ocho de cada diez adolescentes recibieron medidas judiciales que no implican encierro, sino programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias. No obstante, el CNPT advirtió una leve suba en la cantidad de menores privados de la libertad respecto de años anteriores.
El Sistema Penal Juvenil contó durante 2024 con 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a medidas en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro, entre ellos 63 de privación de la libertad, 27 de restricción y nueve de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos, seguidos por delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%). La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, con Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encima de ese promedio.
El informe también alertó sobre la presencia de 48 menores de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro, pese a ser no punibles según la legislación vigente. Estos datos se conocen en medio del debate parlamentario por la baja de la edad de imputabilidad, que vuelve a poner en tensión el rol del Estado, el sistema penal y las políticas de protección integral de derechos.













