Ricardo Osuna cuestionó el plazo de 150 días y afirmó que "es una barbaridad"

La Justicia Federal confirmó la prisión preventiva para los siete policías acusados de sustraer nueve kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes ocurrido en Colonia Benítez y resolvió ampliar el plazo de detención a 150 días. La decisión fue adoptada por el juez federal de revisión Enrique Bosch, quien avaló lo dispuesto en primera instancia y consideró prudente extender el plazo en función de medidas probatorias aún pendientes.

La resolución ratificó la prisión preventiva dictada originalmente por la jueza de Garantías Zunilda Niremperger, aunque modificó su duración, que pasó de 100 a 150 días. El magistrado fundamentó la ampliación en la continuidad de la investigación y en la necesidad de completar peritajes, entre ellos la apertura y análisis de teléfonos celulares secuestrados a los imputados.

En diálogo con N9, el abogado defensor Ricardo Osuna cuestionó con dureza la decisión judicial. "Nos pareció una barbaridad", afirmó al referirse a la extensión del plazo, y sostuvo que el argumento utilizado por la Fiscalía no se corresponde con el estado actual de la causa. Según explicó, la investigación no presenta la gravedad ni la complejidad invocadas para justificar una prisión preventiva tan prolongada.

Osuna remarcó que la mayoría de las pruebas relevantes ya fueron producidas y que los imputados no tienen posibilidad de interferir en el proceso. "Ya declararon los testigos esenciales, los testigos del procedimiento, el secretario que advirtió la maniobra y el personal judicial que estuvo presente", detalló, y agregó que las pericias quedaron a cargo de fuerzas federales, sin injerencia de los policías detenidos, quienes además ya no revisten la calidad de personal activo.

El letrado también cuestionó que la prisión preventiva se esté utilizando como una sanción anticipada, algo que —según afirmó— está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. "La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada", advirtió, y recordó antecedentes judiciales de causas graves en las que se otorgaron medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario, sin que ello afectara el desarrollo de las investigaciones.

Por último, Osuna se refirió al impacto humano de la decisión judicial y a la situación de las familias de los detenidos. Relató el caso de la madre de uno de sus defendidos, quien atraviesa una situación de extrema angustia, y cuestionó el criterio utilizado para trasladar a algunos imputados a dependencias alejadas de su entorno familiar. De cara a lo que viene, anticipó que la defensa continuará produciendo pruebas, aguardará los resultados de las pericias y no descartó nuevos planteos para solicitar el cese o la revisión de la prisión preventiva.