Servicio Penitenciario: allanaron a su director por comida "envenenada" para presos
La Justicia investiga una presunta cartelización en el suministro de alimentos en la cárcel de Ezeiza. El director del SPF, Fernando Martínez, entregó un celular viejo y denunció el "extravío" de su teléfono personal minutos antes del operativo.
Un grave caso de corrupción y riesgo sanitario sacude la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, director de la fuerza, bajo la sospecha de que el organismo permitió que una empresa sancionada por proveer comida contaminada siguiera operando bajo una "pantalla". La investigación se centra en la licitación para alimentar a 2.000 detenidos en el penal de Ezeiza, un negocio millonario que estaría siendo controlado por empresas que comparten camiones, empleados y facturaciones cruzadas.
La tensión del operativo escaló cuando Martínez, al ser requerido por la Justicia, entregó un aparato telefónico antiguo y en desuso. Al ser descubierto, el funcionario alegó haber "extraviado" su celular actual ese mismo día. Sin embargo, el rastreo de antenas reveló un dato inquietante: el dispositivo se apagó apenas una hora antes del allanamiento en la zona de Barracas, lo que hace sospechar a los investigadores de una posible filtración. Además, el director se movilizaba en una camioneta a nombre de Enrique "Quique" Antequera, referente de La Salada y prófugo de la justicia, lo que suma opacidad al perfil del funcionario nombrado en 2024.
La causa por "envenenamiento" se reactivó luego de que peritajes de la ANMAT detectaran niveles peligrosos de la bacteria Escherichia coli en las raciones, calificándolas como no aptas para consumo humano. El propio juez Villena, tras probar la comida durante una inspección, sufrió complicaciones de salud que ratificaron las denuncias de los internos. Mientras la fiscalía cuestiona las formas del procedimiento, el magistrado avanza sobre una red de complicidades oficiales que habrían permitido que la empresa Bio Limp (vinculada a la ya sancionada Foodrush) mantuviera el control de la alimentación carcelaria pese a las prohibiciones judiciales.
