El régimen de Maduro excarceló a 99 presos políticos detenidos tras las protestas por las elecciones de 2024
Organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente la medida y reclaman una amnistía general. La excarcelación alcanzó a personas detenidas en distintos centros del país, aunque siguen más de 900 presos políticos.

El gobierno de Nicolás Maduro amplió a 99 el número de personas excarceladas que habían sido detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024. La actualización fue informada por organizaciones de familiares y de derechos humanos, que remarcaron que las liberaciones comenzaron en la madrugada del jueves y continuaron durante las horas siguientes. Pese a ello, calificaron la medida como insuficiente frente a la magnitud de la represión desplegada tras los comicios.
Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, los liberados permanecían recluidos en distintos centros de detención del país. Los hombres estaban alojados en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; las mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en el estado Miranda; y los menores de edad, en establecimientos de reclusión del estado La Guaira. Desde el colectivo señalaron que, aunque las excarcelaciones representan un alivio para las familias, no alteran la situación estructural de cientos de hogares que siguen afectados por detenciones vinculadas a motivos políticos.


Las liberaciones también fueron confirmadas por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de detenidos, que desde hace meses documenta arrestos arbitrarios, demoras judiciales y condiciones de reclusión cuestionadas. En octubre, las madres de los detenidos habían advertido que el proceso de excarcelaciones estaba paralizado desde marzo de 2025 y reclamaron la revisión individual de los casos. Hasta esta actualización, no se habían registrado avances significativos, pese a los reiterados llamados de organizaciones nacionales e internacionales.
La ola de detenciones se produjo tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como vencedor, en un proceso ampliamente cuestionado por la oposición y por organismos internacionales. La oposición mayoritaria denunció fraude y sostuvo que el triunfo correspondía a Edmundo González Urrutia, lo que derivó en protestas en distintas ciudades del país. La respuesta estatal incluyó operativos policiales y militares, arrestos masivos y la apertura de causas judiciales aceleradas.
De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 902 presos políticos, entre ellos personas con doble nacionalidad, civiles, militares, hombres, mujeres y adolescentes. La organización advirtió que el listado no contempla detenciones de corta duración ni casos recientes aún no registrados. Mientras tanto, el gobierno venezolano y el Ministerio Público insisten en que no existen presos políticos y sostienen que las personas privadas de su libertad enfrentan cargos por delitos comunes, una postura rechazada por ONG y dirigentes opositores, que también alertan sobre miles de personas sometidas a medidas restrictivas de su libertad desde 2014.
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