Confirmaron el procesamiento de trece personas vinculadas al Tren de Aragua

El fallo fue dictado por los jueces Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo, quienes analizaron las apelaciones contra el procesamiento ordenado el 4 de septiembre por el Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes. En esa resolución inicial se había dispuesto la prisión preventiva para trece imputados —ocho hombres y cinco mujeres— y un embargo de un millón de pesos sobre los bienes de cada uno, medida que fue confirmada en su totalidad por el tribunal revisor.

En el avance de la causa intervinieron el fiscal general subrogante Carlos Schaefer y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada. La investigación se inició en 2023 y, según lo expuesto en el expediente, permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta red delictiva con proyección fuera del país.

Tras la revisión de la Cámara, nueve personas quedaron procesadas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellas el principal imputado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como referente central de la estructura. Otros cuatro acusados fueron procesados únicamente por lavado de activos, en función del grado de participación que se les atribuye en las maniobras investigadas.

En cambio, el tribunal declaró la nulidad parcial del procesamiento respecto de la figura de asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, prevista en el artículo 210 ter del Código Penal. Esa imputación había sido incluida en la resolución de primera instancia, pero fue excluida al no considerarse suficientemente fundada en esta etapa del proceso.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían integrado desde al menos 2019 una estructura organizada en dos células operativas. La presunta conducción habría estado a cargo de Boscán Bracho, incluso desde su lugar de detención, con el objetivo de canalizar fondos y sostener actividades de la organización criminal en el exterior, utilizando mecanismos de lavado de dinero para dar apariencia lícita a los recursos.