El Ejecutivo provincial aguarda la aprobación legislativa de la Ley de Consolidación de Deudas al 31 de diciembre de 2025, una iniciativa que propone unificar obligaciones del Estado mediante la emisión de Bonos de Consolidación 2025. El proyecto apunta a ordenar la deuda flotante, reducir la presión financiera de corto plazo y otorgar previsibilidad al presupuesto provincial en un contexto de restricciones económicas.
En diálogo con N9, el columnista económico Alejandro Pegoraro explicó que "no se trata de tomar deuda nueva, sino de una herramienta para refinanciar la deuda flotante del Estado". En ese sentido, aclaró que el bono no alcanza a la deuda financiera tradicional, como préstamos bancarios u obligaciones con organismos internacionales, sino a compromisos vinculados al funcionamiento cotidiano del sector público.
Según detalló el analista, el mecanismo contempla deudas de la Administración Central, el INSSSEP y eventualmente las municipalidades, como pagos pendientes a proveedores de insumos médicos o certificaciones de obra pública. "La provincia no emite un bono al mercado para obtener dinero, sino que le entrega el bono directamente al acreedor", subrayó Pegoraro, marcando una diferencia central con otros instrumentos financieros.
Una vez en manos del acreedor, el bono cotiza en el mercado, lo que habilita distintas opciones. "El proveedor puede conservarlo y cobrar intereses y capital en los plazos que fija la ley, o venderlo en el mercado secundario para obtener liquidez inmediata", explicó el columnista económico. De esta manera, se busca ofrecer garantías de cobro sin forzar al Estado a desembolsos inmediatos.
Para Pegoraro, la iniciativa es prioritaria porque permite evitar escenarios más complejos. "Ordenar esta deuda de corto plazo evita la judicialización y consecuencias mucho más perjudiciales para la provincia", sostuvo, al tiempo que remarcó que el proyecto nace de una caída de ingresos y de las limitaciones presupuestarias que atravesó el Chaco en el último tiempo.
Finalmente, el analista económico destacó que la discusión ahora está en manos de la Legislatura. "Es una herramienta clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para darle previsibilidad al mediano plazo", concluyó Pegoraro, señalando que la aprobación de la ley permitiría al Estado provincial administrar con mayor estabilidad sus pasivos en un contexto económico desafiante.
