Era esclavizada en Rosario y controlada en Estados Unidos
La víctima fue captada a los 14 años y obligada a trabajar durante más de dos décadas sin salario ni libertad. La acusada residía en Los Ángeles y supervisaba la vivienda mediante cámaras y control remoto.
Una mujer identificada como E.E.S., residente en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada este jueves por la Justicia de Rosario en una causa investigada como trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La acusación sostiene que la imputada sometió a una mujer correntina a condiciones de explotación extrema durante más de 20 años, controlando la situación incluso a distancia.
Según la investigación de la Unidad Fiscal de Rosario, la víctima —hoy de 37 años— fue captada en la provincia de Corrientes en 2003, cuando tenía apenas 14 años, y trasladada a la ciudad de Rosario. Desde entonces habría realizado tareas domésticas de manera continua en la vivienda de la madre de la acusada, sin percibir salario, sin descansos, vacaciones, aguinaldo, cobertura médica ni aportes previsionales.
Una vida sin libertad
De acuerdo con la acusación fiscal, la joven residía en la casa ubicada en el barrio Martín, donde cumplía jornadas completas y permanecía sin posibilidad real de abandonar el lugar. La situación se habría extendido hasta octubre de este año, cuando un allanamiento de la Policía Federal, realizado junto al Programa de Acompañamiento a Víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos, permitió detectar y desarticular el esquema de explotación.
La imputada, que vive en Estados Unidos, habría ejercido el control del domicilio de manera remota. Para ello, utilizaba cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y un teléfono celular entregado a la víctima, con el objetivo de asegurarse de que permaneciera dentro de la casa y cumpliera con las tareas asignadas.
Las fiscales aclararon que E.E.S. no fue imputada por la totalidad de los 22 años en los que se habría prolongado la situación, pero remarcaron que existen conductas penalmente relevantes. En ese sentido, señalaron que desde 2022, cuando la acusada comenzó a administrar la casa en reemplazo de su madre, tenía la posibilidad concreta de poner fin a la servidumbre y no lo hizo.
Audiencia y calificación legal
La audiencia imputativa se desarrolló de manera virtual, con la acusada conectada por videollamada desde Los Ángeles, acompañada por su abogado defensor, Gustavo Feldman. La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario integrado por la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.
La Fiscalía calificó los hechos como trata de personas bajo la modalidad de acogimiento, doblemente agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la consumación de la explotación, una figura penal que prevé severas penas y pone el foco en la responsabilidad de quienes se benefician de estas prácticas, incluso cuando operan desde el exterior del país.
