Rosario: imputan a una mujer por someter a la servidumbre a la cuidadora de su madre
Una mujer que reside en Estados Unidos, pero mantiene la administración de la casa de su madre en el barrio Martin de Rosario, fue imputada por el delito de trata de personas. Según la hipótesis fiscal, la víctima había sido captada en la provincia de Corrientes, y trasladada a Rosario en 2003, cuando tenía 14 años. Le habían prometido que vendría a estudiar, pero nunca fue escolarizada e hizo múltiples tareas domésticas sin remuneración durante 22 años. La situación de explotación cesó tras un allanamiento en octubre pasado.
La oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó la investigación contra una mujer residente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que quedó imputada como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre en perjuicio de la cuidadora de su madre.
Según la investigación, la víctima, ahora de 37 años, había sido captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando era una adolescente de 14 años, y desarrollaba múltiples tareas domésticas en un domicilio del barrio Martin.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), la explotación se extendió durante 22 años y cesó el pasado 2 de octubre, tras un allanamiento en el domicilio, realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal (PFA) y con la intervención del Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
La imputación fue formulada por la fiscal de la Unidad Fiscal Rosario, Adriana Saccone, y por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, en una audiencia de formalización realizada el viernes pasado ante el juez de Garantías, Román Lanzón.
La imputada, E.S.S., participó desde Estados Unidos por videoconferencia, junto a su defensor, el abogado Gustavo Feldman. La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi.
Las fiscales formalizaron la investigación respecto de E.S.S. por el delito de trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre en la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por haberlo hecho en abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación, en perjuicio de la víctima.
Consideraron a la acusada como presunta autora del delito por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025, por entender que, desde esa fecha subrogó el lugar de su madre -también investigada en el legajo fiscal- en lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, valiéndose de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima. De ese modo, continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo.
Las fiscales explicaron que se trata de un delito "de ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años", hasta el 2 de octubre, cuando cesó la situación tras la intervención de las autoridades.
"No podemos atribuirle a E.S.S. los 22 años de explotación, pero sí sostenemos que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa de (la calle) Montevideo, ha tenido la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha continuado, lo ha perseverado, porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad", señalaron las fiscales en la audiencia.
