La Justicia de Corrientes confirma la condena contra la DPEC y ordena refacturar boletas de familias vulnerables

La Justicia de Corrientes emitió un fallo histórico que confirma una condena contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), obligándola a refacturar las boletas de luz de familias que se encuentran bajo el régimen de Tarifa Social. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral, que rechazó el recurso de la empresa estatal y validó la sentencia que favorece a más de 4500 correntinos que se encontraban en situación de vulnerabilidad. El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien representa a las familias afectadas, calificó el fallo como un "camino de esperanza" para los ciudadanos en medio de los nuevos aumentos tarifarios.

El origen del conflicto data de 2019, cuando los vecinos, a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a la Tarifa Social, recibieron boletas elevadas que amenazaban con cortes de suministro. Ante la falta de respuestas de la DPEC, iniciaron una acción de amparo que fue resuelta favorablemente en marzo de 2025. El fallo destaca que, en casos de vulnerabilidad social, el amparo es la vía adecuada para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Las juezas María Herminia Puig y Martha Helia Altabe ratificaron que las boletas reclamadas eran imposibles de afrontar para las familias sin poner en riesgo su acceso al servicio eléctrico, por lo que la refacturación ordenada era razonable.

La sentencia también subraya que la Tarifa Social tiene como objetivo evitar que los sectores más desfavorecidos sean excluidos del servicio debido a su situación económica. A pesar de los intentos de la DPEC de revertir el fallo, el tribunal ratificó que el beneficio tarifario corresponde desde antes del inicio del juicio, consolidando así una victoria legal para las familias del Barrio Popular. La refacturación de las boletas, que afectaba a aquellos que cumplían con los requisitos para acceder a la tarifa preferencial, ahora se considera un derecho para garantizar el acceso a un servicio esencial como la electricidad.

Este fallo se da en un contexto de crecientes quejas sociales sobre el sistema tarifario provincial, con incrementos en las tarifas de energía que afectan a miles de familias correntinas. Para el abogado Cubilla Podestá, la decisión refuerza la expectativa de que la Cámara también avance en demandas colectivas que representan a miles de usuarios que padecen los aumentos sin explicaciones claras ni una mejora sustancial en la infraestructura del servicio. La Justicia de Corrientes ha marcado un precedente importante, subrayando que la justicia puede intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos cuando estos son vulnerados por las políticas públicas.