"Fue un grupo de personas que defraudó al Estado Nacional"
En diálogo con N9, el fiscal federal Federico Carniel detalló la estructura familiar que, según la acusación, desvió millones destinados a viviendas para pueblos originarios y los blanqueó mediante empresas, cooperativas truchas y bienes de lujo.
En diálogo con N9, el fiscal federal Federico Carniel repasó el avance del juicio oral por la causa conocida como "Lavado III", un expediente iniciado en 2018 que investiga el presunto desvío y lavado de fondos nacionales destinados a programas de vivienda para pueblos originarios. Carniel explicó que la Fiscalía debió realizar "un esfuerzo para sintetizar" la enorme cantidad de evidencia recolectada durante años de investigación, ya que la prueba documental y testimonial es tan extensa que hubiera demandado "cuatro o cinco días" de alegato si se incluía cada detalle.
El fiscal describió que el análisis se centró en dos bloques: los delitos que generaron el origen del dinero ilícito —malversación, fraude, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes— y el posterior circuito de lavado mediante el cual ese dinero ingresó al sistema legal. Aclaró que seleccionaron la evidencia más sólida para respaldar la acusación y plantear con claridad la responsabilidad penal de los involucrados. "Con la prueba que se analizó alcanzaba para justificar la comisión del hecho y las penas solicitadas", sostuvo.
Carniel explicó que la Fiscalía concibe a los imputados como parte de una estructura organizada, al afirmar que "tipificamos las conductas como si fuera una empresa criminal". Según detalló, la familia Hipperdinger y el fallecido exintendente Lorenzo Heffner habrían conformado un sistema de roles, funciones y jerarquías destinado a controlar la llegada de fondos nacionales y disponer de ellos mediante cooperativas ficticias, obras inconclusas, construcciones inexistentes y desvíos sistemáticos que beneficiaron directamente a la organización.
Durante la entrevista, el fiscal repasó cómo funcionaba esa estructura en Villa Río Bermejito, un municipio que describió como "alejado de los centros urbanos" y donde los mecanismos de control "estaban bastante silenciados". Señaló que, según la prueba ventilada en el juicio, muchas viviendas se hicieron con materiales de mala calidad, otras estaban incompletas y varias directamente no existían, mientras las cooperativas encargadas de ejecutarlas eran "cáscara vacía". Al mismo tiempo, aseguró que los acusados "se manejaban en vehículos de alta gama" y que incluso construyeron cabañas con dinero destinado a viviendas sociales, que luego eran alquiladas como emprendimiento privado.
Carniel confirmó que la Fiscalía pidió penas de entre tres y quince años para los ocho imputados, incluyendo a José Héctor Hipperdinger, a quien señalan como principal beneficiario y organizador del esquema junto a Heffner. Detalló que "hoy no está nadie detenido" debido al tiempo transcurrido desde el inicio del caso, pero remarcó la gravedad de la maniobra y su carácter sistemático. También reveló que solicitaron que todos los bienes recuperados tengan un destino social, en particular orientado a las comunidades afectadas por la falta de viviendas.
Hacia el final, el fiscal informó que el 26 se realizará la audiencia de "últimas palabras", en la que los imputados podrán expresarse antes del veredicto. A pesar de la complejidad del caso, Carniel sostuvo que el tribunal podría resolver pronto, aunque no descartó que tomen algunos días adicionales. "Fue un grupo de personas que defraudó al Estado Nacional", resumió, y afirmó que la acusación está sostenida por pruebas "muy contundentes" que permiten reconstruir cómo funcionó el presunto entramado criminal que manejó, desvió y blanqueó millones de pesos destinados a atender la emergencia habitacional de pueblos originarios en el norte chaqueño.
