"Ningún abogado puede ser objeto de violencia por ejercer su profesión"

El Consejo de Abogados del Chaco manifestó su preocupación por los episodios de violencia registrados tras el veredicto del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuando el defensor penal Ricardo Osuna fue agredido a piedrazos, botellazos e insultos al salir del Centro de Estudios Judiciales. En diálogo con N9, la presidenta Elisa Fernández Áselle y la vicepresidenta Jessica Ayala explicaron el comunicado emitido por la institución, en el que se rechazan las agresiones sufridas por distintos profesionales. Fernández Áselle sostuvo que, más allá del impacto emocional del caso, "cada imputado tiene derecho a tener un defensor" y destacó que también debe garantizarse que los abogados puedan trabajar sin riesgo físico ni hostigamiento.

La titular del Consejo repasó los hechos que motivaron la intervención institucional. "Emitimos el comunicado no por un nombre propio, sino por todos los que ejercemos alguna vez la defensa", señaló, al recordar no solo la agresión pública a Osuna —que culminó con una agente penitenciaria y un periodista heridos—, sino también la denuncia de otra colega, cuya dirección fue difundida en redes. La escena violenta en la salida del CEJ, donde Osuna fue escoltado entre escudos mientras llovían piedras y botellas, "expuso un clima que no debe naturalizarse", afirmó Fernández Áselle.

Por su parte, Ayala remarcó que el contexto del juicio, seguido de cerca por la opinión pública, derivó en una sensibilidad social que se trasladó al comportamiento de algunos manifestantes. "Debemos garantizar el ejercicio libre de la profesión sin ningún tipo de violencia", sostuvo. La vicepresidenta indicó que el comunicado surgió a pedido de numerosos colegas que, luego de ver las imágenes de la agresión, reclamaron una postura institucional firme. Recordó, además, que el proceso judicial fue destacado a nivel nacional e internacional, y que las agresiones no deben opacar el funcionamiento ejemplar del juicio.

En la entrevista también se abordó una deuda histórica para la abogacía chaqueña: la falta de un Tribunal de Ética que permita evaluar y sancionar conductas profesionales. Ayala explicó que "la sociedad nos exige un Tribunal de Ética" y que este es un reclamo sostenido del Consejo. Actualmente, cualquier falta disciplinaria queda en manos del Superior Tribunal de Justicia mediante un procedimiento complejo y distante del funcionamiento habitual de otros colegios profesionales. Fernández Áselle agregó que la abogacía es la única profesión de la provincia sin un órgano disciplinario propio, situación que consideran urgente corregir.

Consultadas sobre mensajes que exigían la suspensión de matrículas, las autoridades aclararon que el Consejo no tiene facultades sancionatorias. En ese contexto, Fernández Áselle fue consultada por el hecho protagonizado por el abogado que filmó a potenciales jurados durante la selección. "Trasgredir cierta normativa merece el reproche correspondiente", afirmó, aunque dejó en claro que será la justicia la encargada de evaluar cualquier responsabilidad. Ambos temas —la agresión a defensores y la conducta irregular de un abogado—, explicaron, muestran la necesidad de un sistema disciplinario claro, moderno y propio de la abogacía.

En el cierre, Ayala insistió en que la sociedad debe entender la diferencia entre el rol profesional y la persona que lo ejerce. "La defensa de un imputado no puede confundirse con el abogado", subrayó. Ambas autoridades remarcaron que la violencia registrada afuera del CEJ refleja el nivel de sensibilidad que atravesó este juicio histórico, pero que no puede convertirse en una práctica tolerada. "Debemos debatir seriamente qué necesita hoy la abogacía chaqueña", expresó Ayala, destacando que los episodios ocurridos exigen respuestas legislativas y un compromiso social con el respeto al ejercicio profesional.