Rescataron a 15 trabajadores que vivían hacinados y en condiciones de explotación laboral

Un amplio operativo de fuerzas federales permitió rescatar a 15 personas que eran víctimas de explotación laboral en el interior correntino. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de Lavalle y Santa Lucía, en el marco de una investigación por trata de personas y evasión impositiva. La causa está a cargo de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y del fiscal Mariano De Guzmán, quienes ordenaron allanamientos simultáneos tras varias semanas de seguimiento.

Entre los rescatados se encontraban dos integrantes de la comunidad Qom provenientes de Formosa, quienes no hablaban español, y cinco trabajadores oriundos de Mendoza. El resto pertenecía a la región rural de Lavalle. Todos ellos cumplían extensas jornadas en condiciones precarias, sin acceso a agua potable ni descanso adecuado. Según los investigadores, el principal sospechoso sería un productor local identificado como Eusebio Torres, señalado como propietario de los establecimientos inspeccionados.

Durante los procedimientos se incautaron una camioneta Toyota Hilux, dinero en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que será analizada como prueba. Las inspecciones fueron coordinadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya" de la Gendarmería Nacional, en colaboración con distintos organismos nacionales.

Del operativo participaron profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, integrantes del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata del NEA, representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, de la AFIP-DGI, del Ministerio de Trabajo, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (RENATRE) de Corrientes.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada ante la Gendarmería por un testigo que describió la existencia de un grupo de personas sometidas a condiciones laborales abusivas. Tras verificar los primeros indicios, la Fiscalía Federal de Goya solicitó medidas para comprobar la veracidad de los hechos y determinar el alcance de la red.

Las víctimas fueron asistidas por equipos especializados y derivadas a centros de contención. Mientras tanto, la Justicia Federal continúa con la investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos similares en la región.