"Ellos asumen la responsabilidad por homicidio en ocasión de robo"

La Justicia chaqueña dictó sentencia en el caso del asesinato del chapista Ramón Antonio Ramírez, ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Fontana. El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado que impuso 25 años de prisión para Ángel Damián Cabral Barrios, alias "Bati", y 15 años para su pareja, Agustina Alejandra Fernández, conocida como "La Catinguda".

Condenaron a 25 años al "Bati" y a 15 a "La Catinguda" por el crimen de Ramón Antonio Ramírez | Noticiero 9

En diálogo con N9, el abogado defensor Marcos Fabbre confirmó que el acuerdo fue aceptado por sus representados para evitar una condena de prisión perpetua. "Efectivamente en el día de hoy se formalizó la audiencia de visu, con una modificación de la calificación legal. Se radicó la figura en homicidio en ocasión de robo y ellos decidieron arreglar de esa manera, evitando un juicio que suponía perpetua", explicó.

La defensa detalló que ambos acusados asumieron la responsabilidad por el hecho. "Asumen la responsabilidad por el homicidio en ocasión de robo, no en homicidio criminis causa, que era la figura con la cual habían sido llevados a juicio", precisó Fabbre. Esta aceptación fue la condición para la aplicación de las penas menores previstas en el acuerdo judicial.

Respecto de la situación de Fernández, el letrado confirmó que seguirá bajo arresto domiciliario. "Ella continuará con domiciliaria en razón de que es madre de un niño menor de 5 años y mantiene esa modalidad, sin perjuicio de las revisiones posteriores que se puedan hacer", aclaró el abogado al ser consultado sobre la ejecución de la pena.

"La mujer recibió 15 años pero cumplirá en su casa por tener un hijo menor" | Noticiero 9

El crimen había causado gran conmoción en la comunidad, ya que Ramírez fue asesinado frente a un kiosco en la avenida Alvear cuando intentaba protegerse de un intento de robo. Cabral le disparó en el pecho y huyó con la motocicleta de la víctima, mientras Fernández participaba como coautora al trasladar al agresor en la moto hasta el lugar del ataque.

Con el juicio abreviado se cerró una causa que llevó un año de trámite y que tuvo al Estado provincial como querellante a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos. La resolución fue considerada un paso clave para la familia de la víctima, que había reclamado justicia desde el inicio del proceso judicial.