"No se pudo recuperar absolutamente nada", afirmó el apoderado de las víctimas

El próximo 17 de octubre comenzará en Goya un juicio que involucra a más de un centenar de ahorristas afectados por una presunta estafa piramidal. En el banquillo estarán Cristian Sebastián Dening y su madre, Gabriela Elizabeth Wihte, acusados de captar fondos bajo la promesa de inversiones en criptomonedas. El proceso tendrá ocho jornadas y se extenderá hasta el 29 de octubre.

El abogado Pablo Andrés Fleitas, apoderado de las víctimas, explicó en diálogo con Radio Nordeste que "en noviembre del 2021 comenzó a operar Sebastián Dening", presentándose como un supuesto trader que ofrecía altos rendimientos a corto plazo. Según detalló, el esquema funcionó hasta mediados de 2022, cuando "de golpe cierra sus puertas y automáticamente el señor Dening desaparece", primero hacia otras provincias y luego radicándose en España.

De acuerdo con Fleitas, el sistema llegó a reunir "entre 100 y 110 víctimas", aunque solo 27 se animaron a presentar denuncias formales. "Es lo que comúnmente acontece en este tipo de estafas piramidales", señaló el letrado, aludiendo al temor o la desconfianza que suelen frenar a los damnificados a la hora de judicializar sus casos.

En cuanto a los montos involucrados, el apoderado de las víctimas precisó que "había víctimas que aportaban 2.000 y hasta 50.000 dólares". La gran mayoría entregaba efectivo, y apenas un caso se registró mediante transferencia bancaria. "La gran mayoría aportaba en dólares", subrayó.

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Sobre la participación de la madre de Dening, Fleitas indicó que Gabriela Wihte cumplía un rol activo en la operatoria: "era la persona que en oportunidades hacía los pagos de regalías y también en varias oportunidades se encargaba de recibir el dinero físico". Esto llevó a la Fiscalía a considerarla coautora en la maniobra.

En cuanto a la situación actual del principal acusado, Fleitas recordó que "se ordenó la captura internacional de Dening" luego de que se constatara su estadía en España. Finalmente, regresó al país y actualmente reside en Buenos Aires bajo condiciones fijadas por la Justicia, como fijar domicilio y presentarse periódicamente ante el tribunal.

El abogado remarcó la magnitud del perjuicio económico para los damnificados. "No se pudo recuperar absolutamente nada del dinero", aseguró, aunque se dictaron embargos sobre algunos bienes. Para las víctimas, el juicio que se avecina será la oportunidad de exponer cómo se desarrolló la maniobra y de reclamar una reparación frente a las pérdidas sufridas.