Destituyeron a la fiscal general Delia Espinoza tras investigar a Dina Boluarte y al fujimorismo
La Junta Nacional de Justicia la suspendió por seis meses, tras negarse a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

La fiscal de la Nación de Perú, Delia Espinoza, fue destituida de su cargo por decisión de la Junta Nacional de Justicia, en una resolución que la suspende por seis meses y abre la puerta a su salida definitiva. La medida llega tras meses de enfrentamiento entre Espinoza y la mayoría parlamentaria de derecha, encabezada por los aliados de la presidenta Dina Boluarte y el fujimorismo. La fiscal había denunciado penalmente a Fuerza Popular por "conducta antidemocrática" y pedido su ilegalización, además de investigar a la mandataria, a su hermano y a varios ministros y congresistas.
El argumento formal de la destitución se basa en la negativa de Espinoza a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, decisión que consideró inconstitucional. Benavides había sido apartada en 2023 por denuncias de corrupción y vínculos con una red de compra de votos en el Congreso, pero la actual JNJ la restituyó como fiscal suprema. Para Espinoza, esa reposición no implicaba que debía volver a ocupar la jefatura del Ministerio Público, facultad que, remarcó, corresponde a la Junta de Fiscales Supremos.
La salida de Espinoza ocurre en un contexto en el que el gobierno de Boluarte y sus aliados buscan afianzar su control sobre el sistema judicial. En los últimos meses ya habían logrado reposicionar a jueces y fiscales cercanos, además de controlar organismos clave como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Diversos sectores políticos y sociales advirtieron que se trata de un operativo para garantizar impunidad en causas de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Tras conocerse la decisión, cientos de personas se movilizaron en Lima con consignas contra el gobierno y el Congreso, denunciando un "golpe a la democracia" y exigiendo la restitución de la fiscal. Espinoza, por su parte, calificó su destitución como "ilegal e inconstitucional" y aseguró que la ofensiva oficialista busca ahora avanzar sobre la Corte Suprema. La protesta fue reprimida por la policía con gases y golpes, generando nuevos enfrentamientos en el centro de la capital peruana.
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