Médicos cordobeses pidieron la destitución de Melchiori: "Es un peligro para la comunidad"

El caso del comisario principal Augusto Daniel Melchiori sumó nuevas voces de rechazo. Desde la fundación cordobesa Todos por Todos, integrada por médicos que impulsaron el hábeas corpus colectivo contra el oficial, solicitaron su destitución definitiva y expresaron preocupación por su continuidad en funciones. "Piden protección, piden que no se le asigne ningún tipo de función al comisario, atento a que donde esté es un peligro para la comunidad", señaló la abogada Adriana De Langhe en diálogo con la prensa.

Las profesionales que patrocinan la causa remarcaron que el juez técnico Rodolfo Lineras actuó conforme a derecho y cuestionaron la estrategia defensiva del comisario, quien en los últimos días denunció tanto a magistrados como a vecinos de Taco Pozo. "De momento son solamente amenazas para desviar el foco de atención", afirmó la abogada Fiorella De Langhe, y agregó que "no presentó pruebas contundentes que puedan acreditar sus dichos".

Una de las denuncias de Melchiori apuntó a supuestas cámaras ilegales instaladas cerca de la comisaría. Sobre este punto, Adriana De Langhe respondió: "Con ese criterio también tendrían que sacar las cámaras de seguridad del Banco del Chaco. No es espionaje, es una cámara que apunta a una calle pública y donde de fondo se ve la comisaría, que es un lugar público".

La jueza de Paz de Taco Pozo, Silvia Arias, también desmintió los dichos del comisario, quien había asegurado mantener una buena relación personal con ella. En su informe al tribunal, Arias manifestó lo contrario y sostuvo que se había sentido "amedrentada y amenazada en su lugar de trabajo". Según las abogadas, esto confirma que "se muestran nuevamente las artimañas del comisario y de la gente que lo apoya para minimizar situaciones que vienen sucediendo hace mucho tiempo".

Otro aspecto que generó críticas fue una disposición de la Fiscalía que ordenó retirar una cámara de seguridad privada que había aportado pruebas a la causa. "Nos llamó la atención como a toda la comunidad que se haya ordenado quitar una cámara que resultó clave, por ejemplo, para registrar la golpiza al oficial Santillán en la vereda. Ese criterio es insostenible", remarcaron las abogadas.

Finalmente, Adriana De Langhe explicó que el expediente continúa en trámite: "Estamos muy expectantes, no solamente por lo que se pueda llevar adelante en el hábeas corpus, sino también por las actuaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga las denuncias realizadas por los médicos. Esperamos que avance el proceso para el descubrimiento de la verdad".