El Estado indemnizará al homicida múltiple "Concheto" Álvarez

El Gobierno nacional dispuso el pago de una indemnización de 11 mil dólares al condenado por múltiples homicidios Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión fue oficializada mediante el Decreto 577/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y se ejecuta tras la sentencia internacional que determinó violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales durante el juicio desarrollado en 1999.

El fallo, emitido el 24 de marzo de 2023, estableció que el Estado argentino es responsable por transgredir derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos la presunción de inocencia, la posibilidad de designarabogado de confianza, el tiempo adecuado para preparar la defensa, la defensa técnica eficaz, el interrogatorio a testigos y el derecho a recurrir la sentencia. También señaló la obligación de realizar una revisión amplia de la condena y de abonar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Según el decreto, el monto a pagar incluye mil dólares por daño material y diez mil por daño inmaterial, fijados "en equidad" por el tribunal. La medida fue instrumentada con la intervención de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Justicia, y se financiará con partidas asignadas a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro. El plazo para cumplir con el pago es de un año a partir de la notificación, efectuada el 7 de noviembre de 2023.

Álvarez fue condenado por una serie de homicidios cometidos en 1996, entre ellos el asesinato del hijo de un exministro nacional, un policía y una estudiante. Su figura se volvió conocida tanto por la violencia de los hechos como por su pertenencia a un sector social acomodado, lo que le valió el apodo de "Concheto". Durante su carrera delictiva, su banda cometió robos a restaurantes de lujo y a empresarios.

En 2015 obtuvo la libertad tras un fallo judicial que consideró cumplida la pena de 25 años, aunque fue detenido nuevamente meses después por un intento de salidera bancaria. Desde entonces permanece en prisión, donde se graduó de abogado y ejerció su propia defensa en diferentes instancias. En 2020 participó en un acuerdo con el Ministerio de Justicia para frenar un motín en el penal de Devoto.