Confirmaron que ya son 90 los muertos mientras avanza la investigación

La cifra de fallecidos por el uso de fentanilo contaminado superó las 90 víctimas, tras confirmarse nuevos casos en distintas provincias. En las últimas horas, se sumaron tres muertes en Formosa, una en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. Las autoridades investigan si existen más casos no registrados y mantienen bajo análisis la cadena de producción y distribución del opioide. Según fuentes sanitarias nacionales, todos los lotes contaminados fueron recuperados y actualmente no circulan ampollas con la sustancia adulterada.

La investigación judicial, que ya cuenta con 24 personas imputadas y sin procesados hasta el momento, busca determinar si el origen de la contaminación fue una impericia o si existió un desvío deliberado para el narcotráfico. En este marco, se revisará la actuación de la ANMAT en los últimos cinco años respecto al control de los laboratorios involucrados. Además, el juez Ernesto Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, donde se analizará una ampolla de fentanilo no contaminado para obtener pistas sobre el circuito de la droga.

El caso se activó en marzo, cuando el Ministerio de Seguridad detectó en inspecciones un stock de cinco kilos de fentanilo en dos laboratorios: HLB Pharma, con cuatro kilos y medio, y Laboratorios Ramallo, con medio kilo. Otros cuatro kilos ya habían sido utilizados para la producción de ampollas destinadas a hospitales. Los responsables de las empresas, que tienen prohibido salir del país, denuncian un sabotaje y apuntan contra el exdiputado bonaerense Andrés Quinteros, a quien acusan de intentar robar ampollas para venderlas en el mercado negro.

Una de las líneas de investigación intenta determinar si parte de la producción de estos laboratorios fue destinada al mercado ilegal. En mayo, el municipio de San Isidro rechazó el pedido de habilitación del laboratorio HLB, mientras que la empresa enfrenta una denuncia por presunta falsificación de documentos para seguir operando. El avance de las pericias y las revisiones a los organismos de control será clave para definir responsabilidades en un caso que combina sospechas de negligencia, corrupción y crimen organizado.