El ex presidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado este lunes a 12 años de prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal en una causa por manipulación de testigos. La jueza Sandra Heredia, a cargo del juicio, ordenó que la condena se cumpla de forma inmediata para evitar cualquier intento de eludir la sanción. El exmandatario, de 73 años, fue sentenciado también a una inhabilitación para ocupar cargos públicos por más de ocho años, y deberá pagar una multa equivalente a 837 mil dólares. La defensa adelantó que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La causa judicial se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuestas falsas acusaciones sobre vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema revirtió la investigación en 2018 y centró la atención en el propio Uribe, acusándolo de presionar testigos para que modificaran sus declaraciones. En 2020, renunció a su banca en el Senado, perdiendo así los fueros, y el caso pasó a la justicia ordinaria. El juicio comenzó en 2024 y concluyó esta semana con una sentencia que la defensa tildó de "politizada".

Durante la audiencia, el expresidente protagonizó un cruce con la magistrada, que lo reprendió en público por interrumpirla y cuestionar el tratamiento hacia su familia. En paralelo, el fallo provocó reacciones encontradas: mientras figuras del oficialismo celebraron la decisión como un acto de justicia y un mensaje de que "nadie está por encima de la ley", sectores del partido Centro Democrático, liderado por Uribe, convocaron a marchas para el 7 de agosto en respaldo al exmandatario.

El contexto político se intensifica ante las elecciones presidenciales de 2026, donde el uribismo busca retomar protagonismo. En tanto, la defensa del exmandatario denunció al presidente Gustavo Petro por calumnias durante el proceso. Si el Tribunal Superior no resuelve la apelación antes del 16 de octubre, la causa quedaría archivada, lo que pone presión sobre los tiempos judiciales y mantiene en vilo a la política colombiana.