Condenaron a un ex secretario judicial por espiar a su ex pareja con ayuda de la AFI

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó este martes a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta al ex secretario penal Pablo Carlos Molina por ordenar escuchas ilegales contra su esposa y un presunto allegado, valiéndose de su cargo en el Juzgado Federal. El fallo lo encontró culpable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real. El tribunal estuvo integrado por los jueces Manuel Jesús Moreyra, Fabián Cardozo y Jorge Gallino.

El hecho se desprende de la conocida causa Sapucay, vinculada a una investigación por narcotráfico, pero tomó un giro inesperado cuando se comprobó que Molina había utilizado el procedimiento judicial para fines personales, motivado por celos y conflictos íntimos. Las intervenciones telefónicas fueron ordenadas sin resolución judicial válida, a través de oficios firmados por el propio secretario, con el aval del entonces juez federal Carlos Soto Dávila, también implicado en el expediente.

Durante el juicio, que se inició el 13 de junio, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR, Martín Uriona, solicitaron una pena de cinco años de prisión para Molina. Finalmente, el tribunal resolvió imponerle cuatro años de prisión y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Entre las pruebas clave, se hallaron 28 CDs con escuchas realizadas entre septiembre y octubre de 2014, en los que se registran amenazas verbales explícitas hacia su pareja.

Una de las frases más alarmantes que surge de esas grabaciones y que se reprodujo en el juicio fue: "¿Vos pensás que no te puedo cagar a tiros o a trompadas cuando se me canta el orto a mí?". Este elemento, junto al uso de recursos estatales para espiar a una mujer con la que mantenía un vínculo privado, fue determinante para que los jueces encuadraran el hecho como un caso de violencia institucional con perspectiva de género.

La maniobra involucró además la falsificación de fundamentos procesales para intervenir líneas telefónicas bajo el pretexto de una causa por narcotráfico. Molina no solo violó el secreto de la función pública, sino que manipuló la estructura judicial para ejercer control y amedrentamiento sobre una mujer, utilizando herramientas del Estado para satisfacer una motivación personal. En este contexto, también se encuentra comprometido el ex juez Soto Dávila, cuyo procesamiento fue apelado y aún espera resolución.

La sentencia fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. La decisión judicial marca un precedente importante en el abordaje de la violencia institucional dentro del Poder Judicial y revela la necesidad de mayores controles internos sobre el uso de herramientas procesales. El caso pone en evidencia un sistema vulnerable al uso discrecional de poder por parte de funcionarios que, lejos de proteger derechos, los violaron sistemáticamente.