Denunció ruidos molestos y la jueza le respondió: "Métale garrote. No le digo una bomba porque es muy caro"

Un vecino del barrio Puerto Vicentini denunció públicamente una situación que asegura haber soportado durante años: ruidos molestos provenientes de dos iglesias evangélicas y viviendas particulares que reproducen música a alto volumen en cualquier día y horario. Según su testimonio, ya radicó múltiples presentaciones ante el Juzgado de Faltas sin obtener una solución concreta.

El denunciante, Alfredo Benítez, afirmó que la situación se volvió insostenible para su familia, especialmente para su hija, quien se desempeña como profesora de idiomas desde su casa. "Tiene que trabajar con auriculares que le tapan toda la oreja, como si fuera piloto de avión", ejemplificó en diálogo con N9. Benítez aseguró que la Policía no puede intervenir sin una orden judicial y que no reciben respuestas claras sobre qué autoridad autorizó el funcionamiento de los templos.

Lo más llamativo de la denuncia fue la declaración de Benítez respecto a un encuentro con la jueza de Faltas del municipio, de apellido Arroyo. Según su relato, en lugar de tomar intervención formal, la jueza le habría dicho de forma informal: "Métale garrote. No le digo una bomba porque es muy caro". La frase causó indignación en el vecino, quien remarcó que se trata de una funcionaria electa por el pueblo que no cumple con sus obligaciones.

Además, Benítez se refirió a la falta de recursos en la comisaría local. Según explicó, desde la Seccional Segunda del barrio Floriani le manifestaron que no cuentan con móviles para asistir los casos de contravención. "Nos dieron unas motos, y si hay que trasladar un detenido, hay que atarlo al cuello y arrastrarlo", ironizó, reflejando la precariedad del sistema.

El denunciante vive hace más de 40 años en esa zona, que antes —según relató— era tranquila. Sin embargo, desde la aparición de las iglesias y el aumento de actividades con música fuerte, la vida diaria cambió drásticamente. Pide que las autoridades municipales y judiciales actúen de inmediato para garantizar el derecho al descanso y la convivencia vecinal.