Dictaron prisión preventiva al profesor de futbol que abusó de un niño

Un entrenador de fútbol infantil de la ciudad de Fontana fue imputado y se le dictó la prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N.º 15, a cargo de la fiscal María Candela Valdez, tras una serie de denuncias y elementos probatorios que vinculan al acusado, A.O.C., con hechos de abuso sexual a menoresocurridos durante 2024. Según la investigación, el hombre aprovechaba su rol como formador en un club barrial para acercarse a la víctima, un niño de 10 años.

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Los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades en el domicilio del acusado. De acuerdo al expediente judicial, el imputado habría generado un vínculo de confianza con el menor y su entorno familiar, valiéndose de su posición para mantener contacto fuera del ámbito deportivo. La fiscalía considera que hubo una dinámica sostenida de manipulación, con el objetivo de lograr el sometimiento del niño mediante engaños y favores, lo que configura una situación de especial vulnerabilidad.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima, luego de tomar conocimiento de lo sucedido a través de otros integrantes de la familia. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes con intervención de equipos especializados en Niñez y Adolescencia. Se realizaron pericias médicas y psicológicas, cuyos resultados preliminares identificaron indicadores compatibles con violencia sexual, aunque no se detectaron lesiones físicas. También se incorporaron testimonios y material probatorio que refuerzan la imputación.

El acusado permanece detenido y la causa continúa bajo reserva. La fiscalía advirtió que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente considerando la edad de la víctima y la influencia previa ejercida por el imputado. Por tal motivo, se resolvió dictar la prisión preventiva hasta tanto se completen las declaraciones en Cámara Gesell y otras diligencias clave. La carátula del expediente incluye agravantes vinculados al rol del acusado como educador, lo que eleva la pena en expectativa a un máximo de 35 años de prisión.