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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CAUSA YPF

Preska define hoy si frena la entrega de acciones de YPF mientras Argentina apela

Hoy vence el plazo para depositar los títulos de YPF en un banco neoyorquino, y Argentina intenta ganar tiempo en su apelación.

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La jueza neoyorquina Loretta Preska definirá este lunes si acepta el pedido del Estado argentino para suspender la entrega de acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión llega en el marco de una apelación en curso por parte del país sudamericano, que busca frenar las consecuencias de una condena por más de US$17.000 millones, monto que incluye intereses acumulados desde la sentencia original.


Argentina había sido condenada en septiembre de 2023 a pagar US$16.100 millones, luego de que se determinara que el Estado no respetó el estatuto de la compañía al nacionalizar la participación de Repsol sin ofrecer iguales condiciones a los restantes accionistas. Entre los perjudicados estaba el Grupo Petersen, cuya participación fue luego adquirida por los fondos litigantes. A lo largo del proceso, el Gobierno apeló el fallo y pidió postergar las sanciones, en un intento por evitar mayores impactos financieros.


La magistrada otorgó tres días adicionales a ambas partes para acudir a la Corte de Apelaciones, paso que el Gobierno ya cumplió. Sin embargo, hoy se vence el plazo para depositar las acciones de YPF en un banco de Nueva York, de acuerdo con la orden dictada el 30 de junio. Preska no revisará esa resolución en esta instancia, sino que se pronunciará sobre si se suspende o no su ejecución mientras se tramita la apelación presentada por Argentina.


Una suspensión evitaría que los fondos acreedores tomen posesión de las acciones en esta etapa del juicio. En caso contrario, el Estado podría enfrentar medidas adicionales por no cumplir con la sentencia. En medio de este panorama, el presidente Javier Milei manifestó públicamente su rechazo a la aplicación del fallo, al sostener que cualquier entrega de acciones debería contar con la aprobación del Congreso argentino por mayoría calificada, algo que no está previsto que ocurra.

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