Comunidades indígenas de Ecuador rechazan presencia militar en zonas ancestrales
La comunidad indígena de Sinangoe reclama que las acciones del Ejército ecuatoriano violan su derecho a la autodeterminación.
El pueblo indígena a’i cofán, de la comunidad de Sinangoe en la Amazonía ecuatoriana, denunció la incursión de helicópteros, drones y tropas del Ejército en su territorio ancestral. En un comunicado, calificaron esta acción como una grave violación a su derecho a la autodeterminación y a la gobernanza comunitaria, garantizados por la Constitución de Ecuador y por convenios internacionales como el de la OIT. "Las Fuerzas Armadas han realizado operativos sin nuestro consentimiento, haciendo uso de bienes comunitarios e interviniendo en dinámicas en las que se encuentran niñas, niños y adultos mayores", alertaron.
La comunidad exigió al Ministerio de Defensa y a las autoridades provinciales una investigación inmediata, así como medidas de protección por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Junta Cantonal de Derechos de Gonzalo Pizarro. Para los a’i cofán, estas acciones militares —aunque vinculadas a operativos de seguridad— representan una ruptura de los principios del consentimiento previo y de respeto por los pueblos originarios, y señalaron que "el Estado irrumpe, no dialoga, militariza y perpetúa el miedo".
El despliegue militar en la provincia de Sucumbíos se incrementó tras una emboscada ocurrida el 9 de mayo, en la que fueron asesinados once militares. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las FARC, y desde entonces, las patrullas del Ejército han intensificado su presencia en zonas cercanas a la frontera con Colombia. Sin embargo, los pueblos originarios argumentan que esas operaciones no pueden llevarse a cabo dentro de sus territorios sin procesos de consulta adecuados.
Los a’i cofán de Sinangoe han mantenido una posición activa en la defensa de su territorio, especialmente frente a la minería ilegal. En 2017, el Estado otorgó más de 50 concesiones sin consulta previa, lo que motivó una demanda judicial que resultó favorable para la comunidad. Hoy, temen que nuevas intervenciones no respeten esa histórica sentencia, y reiteran que cualquier acción estatal en su territorio debe contar con su consentimiento libre, previo e informado.
