La justicia de Corrientes reconoció derechos laborales a un preso tras nueve años de trabajo no remunerado

Por primera vez en Corrientes, un fallo judicial reconoció los derechos laborales de una persona privada de su libertad que trabajó durante más de nueve años dentro del sistema penitenciario. Se trata de A. L. Arévalo, quien cumplió funciones como cocinero y repartidor de alimentos en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, percibiendo apenas 500 pesos mensuales por una tarea que implicaba tres turnos diarios, sin descanso y sin ningún tipo de cobertura previsional o seguridad laboral.

La sentencia fue dictada por la jueza María Belén Güemes, titular del Juzgado con Competencia Administrativa N° 2, y ordena al Estado provincial el pago de las diferencias salariales entre lo abonado y el 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil correspondiente a cada mes trabajado entre septiembre de 2012 y septiembre de 2021. También exige el pago de aguinaldos, vacaciones proporcionales, intereses, y la regularización previsional del trabajador, incluyendo la confección del certificado de empleo. Si bien la demanda original reclamaba $2.377.801,04 más intereses, el fallo hizo lugar parcialmente a ese monto, dejando la cifra definitiva sujeta a cálculo administrativo.

El caso se tornó paradigmático al demostrarse que Arévalo cumplía funciones esenciales para el funcionamiento interno del penal, como cocinar y distribuir raciones para cerca de 600 internos, sin relación contractual formal, sin aportes previsionales ni acceso a elementos de protección personal. Además, se comprobó que la empresa concesionaria del servicio de alimentos no tenía vínculo alguno con él, por lo que toda la responsabilidad recae en el Estado.

La jueza se apoyó en la Constitución Nacional, normas internas y tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de las llamadas "Reglas Nelson Mandela" de la ONU sobre el trato a personas privadas de libertad. En su argumentación, sostuvo que el trabajo carcelario debe ser "voluntario, productivo y debidamente remunerado", y afirmó que Arévalo prestó servicios "bajo condiciones que se asemejaban más a una explotación que a un tratamiento de reinserción".

Este fallo representa un avance importante en materia de derechos laborales dentro del sistema penal argentino, abriendo la puerta a posibles reclamos similares en otras jurisdicciones. Además de reparar en parte el perjuicio económico sufrido por el trabajador, establece un precedente legal que obliga al Estado a cumplir estándares internacionales en el trato a las personas detenidas.

En ese sentido, el fallo no solo visibiliza una deuda histórica del sistema penitenciario, sino que refuerza la necesidad de revisar el modo en que se estructura y regula el trabajo dentro de los establecimientos carcelarios. La decisión judicial reubica el eje del debate: el encierro no puede justificar la precarización laboral ni el despojo de derechos fundamentales reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional.