Una decisión digital desarmó la marcha de mañana: jueces y el Gobierno evitan la movilización por Cristina

El Gobierno nacional y sectores clave del Poder Judicial lograron este martes lo que venían operando con sigilo desde hace días: desactivar la multitudinaria marcha prevista para este miércoles en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del Tribunal Oral Federal N°2 de notificar a la expresidenta por videollamada sobre las condiciones de su detención, evitando su traslado a Comodoro Py, implica un giro estratégico que responde claramente al temor de que una imagen de respaldo popular circule por medios internacionales y exponga la dimensión política del proceso judicial.

La presión ejercida por funcionarios como Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio fue decisiva. El propio jefe de Gabinete había sugerido públicamente que una notificación remota sería "lógica" para reducir la "tensión social". El mensaje no tardó en decodificarse dentro del Poder Judicial, que finalmente optó por una modalidad que responde más a la conveniencia del Ejecutivo que a los tiempos procesales. La concesión de la prisión domiciliaria, que desoye el pedido de los fiscales, se confirma en ese mismo movimiento: la Casa Rosada logra evitar el riesgo político de una foto incómoda y a la vez se asegura un cumplimiento de pena sin traslado, sin calle y sin masas.

Sin embargo, el trasfondo revela una jugada más profunda. No solo se esquiva la movilización; también se abre la puerta a nuevas restricciones que apuntan a silenciar a CFK en su eventual prisión domiciliaria. El tribunal analiza imponerle condiciones inusuales: desde la prohibición de hablar en redes sociales hasta la posibilidad de negarle la presencia en balcones, como si el verdadero objetivo fuera anular simbólicamente su figura pública. Incluso el Gobierno porteño pidió que no cumpla la pena en su departamento del barrio de Constitución, argumentando efectos "urbanísticos" derivados de la custodia, lo que deja entrever un deseo compartido de borrar su presencia del espacio social.

Aunque no está claro si el peronismo desactivará totalmente la movilización, el efecto político es contundente. El Ejecutivo logró impedir que la exmandataria aparezca rodeada de su gente, que se exprese sin intermediarios y que la calle vuelva a ocupar un lugar central en la escena política. Con esta resolución judicial influida por el poder político, se marca un antecedente preocupante: las decisiones entre bambalinas sustituyen el debate democrático y la voluntad popular se vuelve un riesgo a neutralizar.