Liberaron a los cuatro directivos de Vicentín tras pagar una caución de un millón de dólares cada uno

La Cámara de Apelaciones ordenó este viernes la liberación de los cuatro directivos de Vicentín que se encontraban detenidos preventivamente desde marzo. La medida fue adoptada luego de que cada uno comprometiera una caución de un millón de dólares. Sin embargo, la causa judicial no se detiene: las imputaciones por administración fraudulenta y desvío de fondos permanecen firmes, al igual que la prohibición de mantener contacto con los integrantes actuales de la empresa ni con los órganos del concurso preventivo. Para la Fiscalía, la permanencia de los ejecutivos en libertad podría entorpecer el proceso de salvataje del grupo agroexportador, aunque la defensa argumentó que ya no existe riesgo procesal dado que la firma está intervenida judicialmente.

Los imputados —Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti— habían sido acusados de agravar el vaciamiento de la compañía, utilizando fondos de Vicentín para solventar honorarios legales personales y otras erogaciones privadas, aún cuando la empresa aseguraba no contar con recursos para cumplir con obligaciones básicas. En la audiencia de apelación, el camarista Gustavo Salvador resolvió que los empresarios continúen el proceso judicial en libertad, aunque les prohibió salir del país. "Valoro el apego a las garantías constitucionales que mostró el camarista, pero hubo mala interpretación del derecho y de los hechos", opinó en diálogo con la prensa el abogado querellante Gustavo Feldman, quien advirtió que podría apelarse la decisión ante la Corte.

Según los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, entre diciembre de 2019 y fines de 2024 los directivos desviaron fondos de las empresas del grupo por un total estimado de $6.000 millones. Los datos surgieron, según indicaron, de los propios registros contables de la firma, sin que se haya violado el secreto fiscal ni bancario. Durante la imputación formal del 28 de marzo, se detalló que los pagos a abogados penalistas —que representan a los ejecutivos a título personal— fueron solventados con fondos societarios, en un contexto en el que la compañía afrontaba una profunda crisis financiera y debía rendir cuentas ante numerosos acreedores.

Feldman subrayó que el juez "dejó viva la imputación porque la consideró verosímil", pese a haber rechazado algunas pruebas como facturas de honorarios. La resolución judicial, si bien limita la acción inmediata de la Fiscalía, no clausura el expediente. "Todo esto dará lugar a la evaluación por parte de la jerarquía del MPA en cuanto a interponer o no un recurso de inconstitucionalidad a la Corte", concluyó el abogado querellante. Mientras tanto, la causa que investiga una de las mayores crisis empresariales del sector agroexportador argentino continúa su curso.