Murieron 5 personas tras enfrentamientos entre la policía y seguidores de Evo Morales

El gobierno de Bolivia confirmó este jueves la muerte de cinco personas en el marco de los enfrentamientos que se producen desde hace once días en distintas regiones del país. Cuatro de las víctimas son miembros de la Policía Nacional, mientras que la quinta es un civil, según informaron autoridades del Ejecutivo de Luis Arce. Las muertes ocurrieron durante los operativos de desbloqueo de rutas encabezados por las fuerzas de seguridad, en respuesta a las protestas impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen su habilitación como candidato presidencial en las elecciones del 17 de agosto.

Los incidentes más graves se registraron en la localidad de Llallagua, en el departamento de Potosí, donde tres agentes murieron el miércoles en lo que el gobierno describió como una emboscada. El cuarto policía, el subteniente Christian Calle, falleció tras la manipulación de un artefacto explosivo. Las autoridades señalaron que los manifestantes emplearon dinamita, piedras y armas de fuego, y denunciaron la presencia de francotiradores y grupos paramilitares en las zonas de mayor tensión. "Esto no es una demanda social legítima, es una estrategia violenta para forzar una candidatura inconstitucional", afirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Desde el 2 de junio, los cortes de ruta buscan presionar a las autoridades electorales para permitir la postulación de Morales, a pesar de que su partido actualmente no cuenta con personería jurídica y de que la justicia ya determinó que en Bolivia la reelección presidencial solo está permitida por una única vez de forma continua. Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, ya cumplió tres mandatos. Además, se encuentra desde hace meses en el Chapare, su bastión político, protegido por sus bases sociales y al margen de una orden de detención por una causa judicial que él rechaza.

La respuesta del Ejecutivo fue continuar con los operativos para desbloquear caminos y denunciar los actos violentos. "No voy a renunciar. Ejerceré todas las facultades constitucionales para garantizar la tranquilidad del pueblo boliviano", afirmó Arce. A su vez, el ministro de Justicia, César Siles, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas en los puntos más conflictivos. En paralelo, el Tribunal Supremo Electoral convocó de urgencia al IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, con el objetivo de asegurar la realización de los comicios en la fecha prevista.

Desde su cuenta en la red X, Evo Morales responsabilizó al gobierno por la violencia. "Bolivia vive una criminalización de la protesta", sostuvo, y advirtió que "el desbloqueo generará una mayor rebelión y mayor sublevación". Exigió una investigación internacional sobre los hechos y pidió la intervención de una instancia mediadora para alcanzar una solución pacífica. A pesar de ello, no dio señales de retroceder en su reclamo por una candidatura que hoy la ley le impide.

El conflicto político se desarrolla en un contexto económico crítico. Bolivia atraviesa una fuerte escasez de dólares y combustibles, producto de la caída en la exportación de gas y del agotamiento de sus reservas internacionales líquidas. La inflación interanual superó el 18% en mayo, y una encuesta de marzo reveló que el 89% de la población desea "una dirección muy distinta" a la actual. La escalada de violencia profundiza la sensación de desgobierno y amenaza con poner en riesgo el calendario electoral. La comunidad internacional aún no se pronunció de manera formal, pero comienza a mirar con atención lo que sucede en el país andino.