Bloqueos, dinamitazos y pedidos de renuncia: el gobierno boliviano atraviesa su momento más crítico

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, atraviesa el momento más complejo de su gestión en medio de una escalada de protestas que combina reclamos sectoriales con pedidos abiertos de renuncia. En las últimas semanas se acumularon conflictos con maestros que exigían aumentos salariales, transportistas que cuestionaban la calidad del combustible e indígenas amazónicos que rechazaban una ley de reforma agraria, todos ellos orbitando alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB), que pedía una mejora adicional al 20% otorgado a inicios de año.

Mientras el Ejecutivo lograba algunos acuerdos sectoriales, en el altiplano se gestaba una protesta de mayor envergadura: la Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos por tiempo indefinido para exigir directamente la salida del mandatario. Con un promedio de veinte piquetes simultáneos, la medida tiene prácticamente cercada la sede del gobierno en La Paz. A esa movilización se sumaron luego dirigentes de la COB, que dejaron de lado la cuestión salarial para sumarse al reclamo de dimisión, y el movimiento indígena aymara conocido como Ponchos Rojos.

La tensión escaló el jueves, cuando mineros sindicalizados se enfrentaron con la Policía a punta de dinamitazos en pleno centro paceño. En paralelo, seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una marcha de 190 kilómetros hacia la capital boliviana para rechazar la reforma parcial de la Constitución que impulsa Paz y reclamar el cese de los procesos judiciales contra el exmandatario, atrincherado en su bastión político para evitar una orden de captura en su contra. La situación humanitaria derivada de los bloqueos ya motivó la preocupación pública de ocho países latinoamericanos.

El gobierno apuesta a una estrategia que combina convocatorias al diálogo con la criminalización de la protesta, al tiempo que acusa a los manifestantes de estar financiados por el narcotráfico. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la existencia de un "plan macabro" contra la administración y habló de "dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro". Varios funcionarios responsabilizan a Morales de operar detrás de las movilizaciones, aunque analistas relativizan ese diagnóstico y sostienen que el evismo es solo una de las corrientes en pugna.

Para la socióloga Luciana Jáuregui, el conflicto expresa tensiones históricas irresueltas entre dos bloques que pugnan por imponer sus visiones de país tras el fin de las dos décadas de gobierno del Movimiento Al Socialismo: los sectores populares de raíz indígena y campesina, por un lado, y las clases medias urbanas junto con las élites empresariales, por el otro. La analista plantea que los grandes períodos de estabilidad boliviana coincidieron con equilibrios de poder y que la actual irrupción callejera responde a una falta de representación dentro del Estado.

El politólogo Pablo Deheza añade que la fractura tiene un costado adicional: fueron los mismos sectores populares los que llevaron a Paz al poder con su voto y hoy perciben que el presidente dio un giro contrario a sus expectativas. Ambos especialistas coinciden en que el oficialismo podría capear la coyuntura inmediata pero sin resolver el problema de fondo, y advierten que se necesita un nuevo pacto social que reconozca las legitimidades mutuas. De lo contrario, los conflictos actuales serían apenas la antesala de episodios más severos en un país donde la crisis económica acelera los tiempos políticos.