Francia impulsa un proyecto para construir una prisión en la selva amazónica

La decisión del gobierno francés de construir una cárcel de máxima seguridad en Guayana Francesa desató una creciente controversia política y social. El proyecto, impulsado por el ministro de Justicia Gérald Darmanin, busca albergar a unos 500 detenidos por delitos graves vinculados al narcotráfico y al extremismo islamista, trasladándolos desde Europa a un sitio aislado en el Amazonas. La futura prisión se ubicaría en Saint-Laurent-du-Maroni, un antiguo enclave penal con un pasado marcado por la deportación de más de 70.000 prisioneros entre 1852 y 1953, lo que intensifica el simbolismo del actual plan.

La inversión prevista ronda los 450 millones de dólares y, de concretarse, la cárcel estaría terminada en 2028. Sin embargo, el proyecto generó un fuerte rechazo en la región. Legisladores como Davy Rimane, diputado francoguayanés de La France Insoumise, cuestionaron que no hubo ningún tipo de consulta con las autoridades locales. Para Rimane, la iniciativa representa un "retroceso al colonialismo" y refuerza una política de marginación. "Francia no puede seguir tratando a Guayana como su patio trasero ni mover a los detenidos como si fueran desechos", advirtió.

Además del trasfondo histórico, hay serias preocupaciones sanitarias y sociales. Diversos sectores advierten que Guayana Francesa no cuenta con infraestructura médica adecuada para atender una población carcelaria compleja, en un territorio que ya enfrenta brotes de enfermedades y dificultades de acceso a servicios básicos. La Colectividad Territorial de Guyana, entidad que representa los intereses locales, también expresó su oposición al proyecto, al que calificó como una "réplica de muy mal gusto" del antiguo sistema penal colonial.

Desde el gobierno francés, en cambio, sostienen que la cárcel sería una herramienta clave para enfrentar el narcotráfico en la región y descongestionar las cárceles metropolitanas. Guayana Francesa, situada en la costa noreste de Sudamérica, es un departamento de ultramar bajo control francés, aunque en los últimos años ha registrado múltiples protestas por el abandono estatal. En ese contexto, el debate en torno a la nueva prisión reaviva reclamos históricos sobre soberanía, autonomía y derechos de la población local.