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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
JUDICIALES

Un juez de Corrientes fue suspendido por acoso sexual y será sometido a enjuiciamiento

Carlos Hugo Chiama, juez de Paz Barrial N°1 de Corrientes, fue acusado de acoso sexual y laboral por una secretaria de su juzgado y afrontará un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El juez de Paz Barrial N°1 de la ciudad de Corrientes, Carlos Hugo Chiama, fue suspendido de sus funciones a comienzos de mayo tras una denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una secretaria de su juzgado. La acusación dio lugar a la Resolución N°36/25 del Consejo de la Magistratura de la provincia, que estableció la elevación del caso al Jurado de Enjuiciamiento, al considerar que "los hechos investigados afectan derechos fundamentales de las víctimas y comprometen gravemente la confianza institucional".

Según trascendidos, la denunciante relató haber sido víctima de situaciones reiteradas de acoso por parte del magistrado. La investigación preliminar recolectó elementos considerados suficientes para avanzar con el proceso de enjuiciamiento, en un hecho que reviste particular gravedad por tratarse de un funcionario con poder jerárquico dentro del Poder Judicial. En paralelo, surgieron versiones sobre un eventual trámite jubilatorio de Chiama, lo que generó preocupación entre sectores gremiales por la posibilidad de que esto interrumpiera el procedimiento.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) expresó públicamente su rechazo a cualquier intento de dilación del proceso y reiteró su compromiso con el acompañamiento a la denunciante. "Lo dijimos meses atrás, cuando apenas comenzaba a conocerse este caso: el acoso sexual en el trabajo es una de las más crueles manifestaciones de violencia. Más aún cuando el acosador lo hace valiéndose de su investidura jerárquica", manifestaron desde la organización, y agregaron: "El Poder Judicial de Corrientes debe ser ejemplo y no puede albergar en sus dependencias a acosadores ni violentos".

Desde el gremio señalaron además que este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia laboral, en línea con lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, que proporciona un marco común para eliminar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. De comprobarse los hechos denunciados, el caso Chiama representaría una seria vulneración a los principios éticos que rigen la función judicial, con impacto directo en la credibilidad del sistema de justicia provincial.

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