El Comité Contra la Tortura tachó de "regresiva" la implementación de las Taser en la policía provincial
El proyecto aún se encuentra en la Cámara de Diputados y prevé dotar a las fuerzas de armas eléctricas no letales.
La posible implementación de pistolas Taser en la policía provincial está generado un intenso debate en Chaco, con opiniones divididas respecto a su efectividad y seguridad. Estas armas, diseñadas para incapacitar mediante descargas eléctricas no letales, han sido duramente criticadas por organismos internacionales y locales de derechos humanos.
Según señaló a N9 Darío Gómez, del Comité para la Prevención de la Tortura, "no hay ninguna provincia a nivel nacional que haya aprobado el uso de pistolas Taser, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su implementación en Chaco sería precedente, sujeta a críticas de Amnistía Internacional y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, quienes han documentado casos de muertes asociadas a su uso inapropiado".
Las preocupaciones se centran en los riesgos para la salud de las personas sometidas a estas descargas, que pueden provocar hasta 19 contracciones musculares por segundo y representar un peligro particular para individuos con vulnerabilidades de salud. "No es solo una cuestión de capacitación adecuada para su uso, sino de riesgos inherentes que deben ser evaluados con seriedad", añadió Gómez.
Por otra parte, en el ámbito nacional, la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, presentada por el ministerio de Seguridad y el de Justicia en Diputados, también ha suscitado rechazo por parte del Comité, que la considera una regresión en los derechos de los menores y una violación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Según Gómez, "esto podría llevar a una criminalización temprana de los adolescentes, sin abordar las causas sociales subyacentes como la falta de oportunidades y el acceso limitado a recursos sociales".
Gómez describe a estas iniciativas como enmarcadas dentro de un enfoque punitivista en las políticas públicas, que podría debilitar los esfuerzos por abordar las raíces profundas de la delincuencia juvenil. "Es crucial que los legisladores consideren estas preocupaciones y evalúen el impacto a largo plazo de tales decisiones", concluyó Gómez.
