Difundieron fotos íntimas de una mujer y ahora deberán pagar una millonaria multa
La jueza Marcela Cortés dictó penas económicas y ordenó talleres de género tras una causa que involucró a trabajadores estatales.
El Juzgado de Faltas de Resistencia condenó a tres personas —dos hombres y una mujer— por la difusión no consentida de imágenes íntimas de una funcionaria del gobierno chaqueño. El caso fue juzgado por Marcela Cortés, quien estableció una multa de 16 salarios mínimos para el principal acusado, ex pareja de la víctima, y la obligación de realizar un tratamiento terapéutico con perspectiva de género. Las otras dos personas deberán abonar siete salarios mínimos cada una. La sentencia se dictó en aplicación del Código de Faltas local, en el marco del capítulo de Identidad Digital de las Personas.
La magistrada resaltó que se trató de la primera condena del juzgado a una mujer por haber difundido imágenes íntimas de otra, también madre. "Pasaron años de lucha y trabajo por parte de otras mujeres para que podamos vivir una vida sin violencia", expresó en la resolución, donde lamentó que en este caso "no fue el patriarcado ni un varón, sino otra mujer" quien incurrió en el acto de violencia. La situación ocurrió entre mayo y junio de 2024, y el material fue enviado por WhatsApp a empleados de la administración pública y al celular del gremio UPCP, agendado a nombre del secretario general José Niz.
El fallo, de 94 páginas, sostiene que el hecho reviste gravedad no solo por el contenido íntimo, sino por su impacto político, laboral y simbólico, dado que se trata de una funcionaria cuyas imágenes fueron compartidas dentro del ámbito estatal. Cortés solicitó al Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos que todo su personal realice una capacitación específica sobre violencia de género digital en el marco de la Ley Micaela. También exhortó al gremio UPCP a dictar un taller gratuito para sus afiliados, articulado con el Centro Judicial de Género.
Las capacitaciones ordenadas deberán llevarse a cabo en un plazo no mayor a tres meses desde la notificación de la sentencia, y se deberán remitir las constancias de cumplimiento al Juzgado de Faltas. El pronunciamiento judicial invoca las leyes 26.485, 27.499 y su adhesión provincial 2997-G, que promueven la erradicación de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos.
