Destituyeron a la jueza Teresita Fanta por mal desempeño y sin sanción por maltrato físico
La exjueza no se presentó a la audiencia final y accedió a su jubilación tras el fallo que la inhabilita como magistrada.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este lunes 29 de abril la destitución de María Teresita Fanta, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 22 de Resistencia, tras considerarla responsable de mal desempeño en sus funciones y de ejercer violencia laboral sobre su equipo. La magistrada no estuvo presente durante la audiencia final, en la que se dio lectura a la resolución. La medida responde a un proceso iniciado hace un año por la Procuración General, que acumuló denuncias por irregularidades administrativas y maltrato sostenido hacia el personal judicial.
Durante el proceso, se presentaron pruebas que incluían testimonios de empleados afectados, informes gremiales y evaluaciones del Superior Tribunal de Justicia. Todos coincidieron en señalar que la conducta de Fanta provocó un deterioro en la salud psíquica de su equipo y un colapso en el funcionamiento del juzgado. A pesar de esto, el fallo no incluyó una sanción por maltrato físico, una de las acusaciones que había generado mayor preocupación en los organismos judiciales y sindicales. La destitución se fundó exclusivamente en su incapacidad para ejercer el cargo y la existencia de violencia laboral en el ámbito laboral.
Previo al juicio político, la jueza había intentado frenar el avance del proceso solicitando una jubilación por invalidez, que fue denegada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pese a la destitución, Fanta accedió recientemente al beneficio jubilatorio, por lo que percibirá haberes correspondientes al régimen previsional.
Con esta decisión,TeresitaFanta se convierte en la primera magistrada chaqueña removida de su cargo por ejercer violencia laboral, lo que establece un precedente en la justicia provincial. El Superior Tribunal de Justicia deberá ahora designar a una nueva autoridad para normalizar la gestión en el Juzgado Civil y Comercial N° 22. El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control y evaluación dentro del Poder Judicial, así como la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo para los agentes judiciales.
