La justicia federal declaró inconstitucional el decreto de Milei contra tratamientos a adolescentes trans

El Juzgado Federal N°2 de Paraná declaró la inconstitucionalidad del DNU 62/2025 emitido por el Gobierno nacional, con el que se intentó modificar el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, afectando el acceso a tratamientos hormonales para adolescentes trans. La decisión, que tiene alcance nacional, constituye un precedente judicial significativo y fue celebrada como "una reconquista" por Ariel Villanueva, abogado de la organización Equal, que acompañó la demanda. El fallo respondió al caso de J, un joven de 17 años cuya obra social canceló sin justificación su consulta médica para evaluar una cirugía, a raíz de ese decreto.

El juez Edgardo Alonso ordenó de forma inmediata a la obra social Osecac autorizar la atención médica integral al adolescente y dejó en claro que el Ejecutivo no puede modificar una ley aprobada por el Congreso mediante un DNU sin una justificación válida de urgencia. A pesar de que el Gobierno había convocado a sesiones extraordinarias semanas antes de publicar el decreto, no incorporó el tema al temario legislativo. Para el magistrado, esto debilitó aún más la argumentación de necesidad con la que se pretendió avanzar sobre un derecho garantizado desde hace más de una década.

Durante el proceso, se analizó el impacto concreto del decreto en la vida de las personas trans adolescentes y en la práctica profesional de quienes las acompañan. El equipo legal eligió presentar amparos individuales para visibilizar las historias personales detrás de cada caso, acompañadas por sus familias y con respaldo de profesionales de la salud. Esa estrategia permitió evidenciar que los obstáculos impuestos desde el Estado afectaron no sólo derechos legales sino también la salud mental de jóvenes que ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En la sentencia, Alonso reafirmó el principio de autonomía progresiva contemplado por la Convención sobre los Derechos del Niño, principio que la Ley de Identidad de Género ya reconoce desde su sanción en 2012. A su vez, advirtió que los fundamentos del decreto eran escuetos y que no alcanzaban para justificar una intervención de tal magnitud sobre una ley vigente y debatida democráticamente. La omisión de incluir el tema en las sesiones extraordinarias convocadas en enero también fue interpretada como un indicio de la ausencia de urgencia real.

Profesionales de la salud como el doctor Gustavo Terra, con larga trayectoria en el trabajo con infancias y adolescencias diversas, relataron que el DNU los colocó ante un dilema ético, forzándolos a negar tratamientos por temor a sanciones. Advirtieron además que la medida afectaba seriamente la salud emocional de quienes estaban iniciando su transición de género, con consecuencias que incluyeron retraimiento, depresión y ansiedad. Frente a ese escenario, el fallo fue recibido como una herramienta jurídica de protección y reparación.

El juez concluyó su resolución restableciendo la plena vigencia del artículo 11 en su redacción original, ordenando la atención inmediata para el joven afectado y señalando que el Poder Ejecutivo no puede avanzar por decreto sobre derechos adquiridos sin pasar por el Congreso. Así, la Justicia puso freno a una política que había generado fuertes cuestionamientos tanto en organizaciones de derechos humanos como en ámbitos médicos especializados, por sus efectos concretos y por la forma en que fue implementada.