A casi un mes del inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura Chaqueña, donde el gobernador se refiriera a los piquetes y prometiera “trabajar juntos para resolver el hartazgo social que existe en la Provincia del Chaco frente a los cortes de calles”, los piquetes y los cortes de tránsito se siguen ocurriendo de manera cotidiana en la ciudad de Resistencia.
Más recientemente, uno de esos cortes, en el tradicional “piquetódromo” de Marcelo T. de Alvear y Mitre, frente a la Casa de las Culturas, derivó en hechos violentos que terminaron con daños a una conocida farmacia de la esquina a raíz de una riña entre los propios manifestantes.
Si bien, luego del discurso del gobernador el primero de este mes, pareciera que la lucha contra los cortes tendría un renovado impulso, la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, afirma que se viene trabajando como siempre. “Cuando una interrupción de tránsito se realiza de manera tal que tal que impide el ejercicio de los derechos de otras personas, se da intervención a la justicia y es la que ordena o no el desalojo. Son las medidas que se trabajan desde siempre”, declaró la ministra.
Al respecto comenta que existe en la provincia un protocolo de actuación frente a estas situaciones, cuando los piquetes impiden el ejercicio de otros derechos: “Nosotros insistimos en que el derecho a manifestarse está contemplado en nuestra Constitución nacional y provincial. Pero eso no tiene que ser un motivo de impedimento de ejercicio de otros derechos”.
Según especifica la ministra, hay casos de manifestaciones “pactadas”, o programadas, a veces a nivel nacional, que tienen otro tipo de consideración. Pero cuando se trata de actos sorpresivos o “intempestivos”, se da lugar a este protocolo, mediante el cual se intima a quienes cortan la calle, a través de una notificación de la justicia de falta, dándole un tiempo para que se dispersen.
En cualquier caso, el organismo actuante es la justicia de faltas y no la justicia penal, con lo cual no existe flagrancia y la posibilidad de una actuación automática de la policía frente al hecho. El trámite de desalojo debe hacerse mediante vías judiciales. Zalazar aclara: “obstruir el tránsito en la ciudad no es un delito, es una falta”.
