Las auditorías médicas comenzaron con un equipo de especialistas, acompañados de un amplio despliegue policial que investigará posibles irregularidades en las prestaciones sociales.
En la localidad de General San Martín, comenzó este miércoles un exhaustivo operativo de auditoría médica a más de 300 beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas por la ANSES. La acción, en coordinación con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como objetivo determinar si las prestaciones se otorgaron de manera irregular en el marco de una red de corrupción previamente denunciada.
El operativo, que arrancó en las oficinas de ANSES ubicadas en Avenida Brown y Calle Belgrano, cuenta con una junta médica compuesta por siete especialistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los profesionales figuran cardiólogos, clínicos y traumatólogos, quienes realizarán evaluaciones exhaustivas para corroborar la validez de los diagnósticos médicos presentados por los beneficiarios al momento de tramitar las pensiones.
La investigación se basa en hallazgos previos que señalan prácticas fraudulentas extendidas en la provincia. Entre las irregularidades detectadas se incluye el uso de radiografías duplicadas, diagnósticos falsos y la aceptación de pruebas médicas insólitas, como la presentación de imágenes de animales. En Taco Pozo, un esquema de coimas involucraría a funcionarios municipales y profesionales de la salud, quienes habrían facilitado el acceso a estos beneficios mediante el pago de sobornos.
Según estimaciones oficiales, alrededor del 35% de las 99.000 pensiones vigentes en Chaco podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. A nivel nacional, el Gobierno sospecha que unas 500.000 de las 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral serían “truchas”. Este operativo busca depurar el sistema y asegurar que los recursos estatales lleguen a quienes realmente los necesitan.
El despliegue de estas auditorías continuará en otras localidades de la provincia en los próximos meses. Con la presencia de altos mandos policiales y el apoyo de recursos materiales y humanos, las autoridades buscan garantizar la transparencia en la asignación de los beneficios sociales y reforzar los controles para prevenir futuras irregularidades.
